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El próximo jueves 23, cuando se conmemora el Éxodo Jujeño de 1812, es la fecha que eligió la Fiscalía de Estado de la Provincia para el desalojo de unas 50 familias de Maimará que viven desde hace más de 10 años en casas ubicadas en terrenos del ferrocarril que dejó de correr en la década de 1990. El argumento es que son «usurpadores» de los predios que ahora serán afectados al Plan Belgrano. No les ofrecen ninguna alternativa.
Pobladores de la zona denuncian que la Municipalidad de Maimará hostiga a estas familias con que entregen lo «ocupado», mientras el juez de paz Clemente Calizaya los amedrenta con que serán desalojados por Infantería. Las familias aseguran que no se retirarán del lugar hasta que se les garanticen sus derechos constitucionales.
La mayoría de las viviendas son precarias. En algunos casos son viejas construcciones del ex ferrocarril, adaptadas. En otros, fueron levantadas sobre las vías. En todos estos años, hay quienes han obtenido tenencias precarias. Y la mayoría tiene electricidad y agua potable con las facturas a su nombre, y están conectadas a la red cloacal.
José Surita, referente del Movimiento Evita e integrante del centro vecinal de Maimará, precisó en diálogo con El Submarino Radio (91.5) que son unas diez las familias que recibieron la intimación para abandonar sus viviendas entre el jueves y viernes de esta semana, y que están a la espera de que lleguen oficios similares para el resto de los pobladores del lugar.
«La situación es muy angustiante, porque directamente les dijeron que los iban a echar, a barrer con las topadoras, que saquen las cosas de valor porque lo otro lo iban a tirar todo abajo», describió Surita, y adelantó que algunos de los vecinos están presentando un recurso de amparo representados por el abogado David Delgado.
En tanto, otro grupo, asesorado por Mario Culcuy, representante legal del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), decidió por ahora no iniciar acciones. «Nos sorprende que este abogado les aconseje eso, siendo parte de un gremio que se ha expresado en contra de la visita del presidente», comentó Surita.
El dirigente relató que en 2008, cuando se produjeron algunas tomas en reclamo de viviendas o terrenos, «uno de los vocales municipales de Maimará, Diego Cruz, hermano del actual comisionado, incentivaba a estas familias a que se asienten ahí porque el municipio les tenía que dar una respuesta, y ahora les dice que por qué se metieron ahí, olvidándose de todo, amenazando a la gente, sin darles una solución».
«El estado provincial tampoco hace nada, todos se lavan las manos, no atienden a los vecinos, no van a las reuniones -continuó-. La única vez que las familias lograron reunirse y hablar con el comisionado fue en una reunión por otro tema; los están esquivando».
