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La justicia federal de Jujuy aceptó una medida presentada por familias del barrio tilcareño de Radio Estación, lo que implica que el expediente ya no estará bajo la órbita de la justicia provincial.
Alejandra Cejas, una de las abogadas que representan a una de las familias desalojadas, describió en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que «la jueza confirma lo que veníamos sosteniendo, y es que la justicia federal es competente para resolver el problema que hay en el barrio Radio Estación de Tilcara, y que la justicia provincial no es la competente».
La decisión de la titular del Juzgado Federal de Jujuy N° 2, Carina Inés Gregoraschuk, está en la misma línea del dictamen del fiscal penal, que la semana pasada dijo que esas tierras pertenecen a la Agencia de Bienes del Estado, es decir, al Estado federal. «Las tierras no son de la provincia, nunca lo fueron», aseveró la abogada.
Junto a su colega Silvana Llanes, Cejas presentó una acción de amparo el 18 de enero, tres días después de los violentos desalojos que llevó adelante el gobierno provincial, con la actuación de efectivos policiales. «Los desalojos se hicieron sin que hubiera un juicio. Esto no es un tema menor. Es la cuestión que incluso se adelanta ahora en el resolutivo de la jueza», explicó Cejas.
Ahora la jueza hizo lugar al amparo y le dio cinco días al estado provincial para que se defienda. «Si no se presentan, si no pueden contestar las cuestiones de hecho y derecho que se les han planteado, se va a resolver a favor de los vecinos de Barrio Radio Estación», adelantó la abogada.
Los desalojos en el barrio Radio Estación se dieron en el marco del proyecto del tren turístico solar impulsado por el exgobernador Gerardo Morales. La puesta en marcha del trencito viene demorada, pese a que se había anunciado que empezaría a funcionar en marzo.
«El amparo versa sobre la violación al derecho de propiedad que tienen nuestros clientes, que son propietarios de las tierras que colindan con las vías del tren», detalló la abogada.
Esas tierras y esas construcciones pertenecían al ferrocarril que en la década de 1990 se privatizó. En ese momento, a través de la ley 24.146, quienes estaban viviendo en esos inmuebles o terrenos tuvieron la posibilidad de comprarlos y ocuparlos finalmente como propietarios legales. Es decir, la provincia de Jujuy no tenía atribuciones para tomar decisiones sobre esas propiedades.
«La discusión es porque en 1992 se firmó un convenio que decía que la provincia podía hacerse cargo de la traza del tren, pero no de las tierras colindantes. Para quedarse con las tierras colindantes, con las estaciones y los inmuebles, tenía que hacer un convenio ampliatorio y reactivar la línea del tren para transporte público. Pero nunca lo hizo», detalló Cejas.
«Pero hoy han despojado a familias propietarias para hacer un supuesto tren que además es privado, para turistas, que no tiene utilidad pública», comentó.
En 2022 se venció el plazo de 30 años que tenían las provincias para regularizar esa cuestión. Mientras tanto, terrenos e inmuebles fueron adquiridos y luego adjudicados a los vecinos que hasta hoy viven en las viejas estaciones de tren.
«Acá, con el proyecto del trencito solar, se dedicaron a iniciarles causas falsas a los vecinos. Porque los vecinos no querían vender sus tierras por dos monedas, como les ofreció el gobierno de la provincia de Jujuy, que les daba 10 pesos y dos ladrillos, para decirlo sencillamente», repasó la abogada.
Por otro lado, la provincia no tenía la alternativa de expropiar, «porque tenían que expropiar al Estado nacional, que sigue con la titularidad a pesar de las gestiones que se hicieron frente a la Agencia de Bienes del Estado para que se entregue la posesión definitiva, porque no se puede escriturar sin la autorización del Estado nacional».
De este modo, se planteó un problema de competencia. Para Cejas, el gobierno de la provincia decidió, frente a esta situación, «iniciar una causa penal para evitar que intervenga el Estado federal».
Las causas penales a las que se refiere son las iniciadas por el gobierno provincial contra los habitantes de esas viviendas, a quienes acusaron de usurpación de sus propias casas.
«La justicia federal hoy viene a ordenar esta situación. Ya pidió los expedientes penales, y a pesar de tenerlos, hace lugar al amparo. O sea que entiendo que el juzgado federal está viendo que la situación es irregular», interpretó Cejas.
La demanda que presentaron las abogadas incorporó otras dos argumentaciones. Por un lado, la cuestión ambiental relacionada con la planta reductora de gas de Tilcara que está instalada a la entrada de Radio Estación desde hace 15 años. Por otro lado, la condición de Patrimonio de la Humanidad de la Quebrada de Humahuaca. Sobre este punto, Cejas recordó que «Unesco ya intimó a la provincia de Jujuy, porque la Quebrada está sujeta a ciertos recaudos y la provincia nunca presentó un estudio de impacto ambiental».
«Entonces, no solamente hay afectación al derecho de propiedad, sino que también hay afectación a la salud, al medio ambiente, a todo el tramo del tren», concluyó.
-Si la justicia falla en contra del Estado, a la provincia le va a salir muy caro. ¿Lo vamos a tener que pagar todos?
-Nosotros vamos a ir primero por la afectación de bienes de los funcionarios intervinientes, porque tampoco es justo que todos paguemos por la corrupción de unos cuantos. Acá llama la atención que no haya intervención de los órganos de control; del Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción. No hicieron nada. Se dedicaron a convalidar actos corruptos e ilícitos. Eso hay que decirlo. Esto le va a salir mucho al Estado, pero este daño se tiene que resarcir. Yo particularmente entiendo que lo tienen que pagar los corruptos. Vamos a pedir el resarcimiento máximo, porque alguien tiene que pagar por todo el dolor que generaron, las injusticias que han vivido esas familias, todo el daño que le hicieron a esos niños, abuelos, adolescentes, por haberlos sacado de su centro de vida.
