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Desalojos en Tilcara: La justicia federal se hará cargo de la investigación

La justicia federal le pidió a la fiscalía general de Jujuy el expediente relacionado con los desalojos en el barrio Radio Estación de Tilcara. Fue en respuesta a una presentación de abogadas de las familias que sufrieron el despojo de sus propiedades.

El Juzgado Federal N°2 solicitó al Ministerio Público de la Acusación – Procuración General de la provincia y a la Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial de Jujuy que le remita todo el expediente relacionado al desalojo de las familias que vivían en el barrio Radio Estación de la ciudad de Tilcara.

En diciembre pasado, cerca de una decena de familias fueron despojadas de sus viviendas ubicadas en predios que habían pertenecido al ferrocarril. El violento operativo de desalojo llevado adelante por la policía de la provincia con orden judicial se basó en falsas denuncias de usurpación que presentó en 2022 el estado provincial contra los legítimos propietarios de esas viviendas.

El objetivo del Ejecutivo es levantar en ese sector lugar locales comerciales y otras instalaciones del tren turístico que desde marzo cubrirá el tramo entre Volcán y Tilcara.

Tras una presentación de las abogadas Alejandra Cejas y Silvana Llanes, la jueza federal N °2 de Jujuy Carina Inés Gregoraschuk ordenó a los órganos judiciales de Jujuy remitir la causa y las actuaciones obrantes en la misma para abocarse a su análisis.

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Las letradas se habían presentado ante el foro federal en representación de las familias que sufrieron el despojo de su tierra y vivienda «a los efectos de plantear un amparo por la vulneración de derechos y de las garantías constitucionales de las familias del barrio Tilcara».

Frente a la decisión de la magistrada, Cejas comentó que la magistrada «está entrando en la cuestión de fondo, que es la supuesta usurpación de las familias del barrio Estación de Tilcara a sus casas».

«Nosotros las denunciamos por falsas, porque no hubo usurpación en el 2022. Las familias viven desde finales de 1980, llegaron con el tren, compraron sus casas y viven allí. Nunca hubo usurpación. Hemos demandado al estado provincial y a los funcionarios provinciales intervinientes que denunciaron los supuestos hechos”, completó Cejas.

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