“En la última reunión con el Gobierno no hemos tenido una propuesta seria, y por eso creemos que esto va a la consolidación de la toma”, adelantó López.
Precisó que permanecen en el lugar algo más de dos mil familias, y que participan todos los sindicatos que integran el FGE, además de organizaciones como la Tupaj Katari. “La gran mayoría vivía en casa de sus padres o alquilaba, pero los trabajadores municipales que ganan mil mil quinientos pesos, ¿cuánto pueden pagar de un alquiler?”, indicó.
Respecto de la detención que sufrió el mismo miércoles, explicó: “Me detuvieron con la excusa de que no tenía documento, y no se me informó de ninguna imputación”, y sobre la imputación que pesa sobre él por la toma en Campo Verde, opinó: “Es una vergüenza, no hay delito, porque para que sea usurpación el supuesto dueño tendría que denunciarnos, y no hay ninguna denuncia”, insistió.
Según el sindicalista, “el dueño de las tierras quiere arreglar esto por la vía del diálogo, pero no aparece”.
López aseguró que desde el FGE le pidieron al Gobierno que precise dónde se reubicaría a estas familias, pero que no obtuvieron respuesta. “Dicen que existen planes de vivienda, terrenos, pero no nos dicen dónde ni cuánto va a salir; solamente van dilatando esto”, señaló.