Milagro Sala cumple este lunes un año de arresto. Las primeras dos semanas las pasó en la Comisaría de la Mujer en Los Huaicos, y desde entonces permanece en la Unidad Carcelaria N° 3 de Alto Comedero. Todos los reclamos confluyen en uno solo: que transite los procesos judiciales en libertad, un derecho que le asiste a cualquier imputado, aun aquellos imputados de delitos más graves.
La prisión preventiva original estuvo vinculada con el acampe de la Red de Organizaciones Sociales en la plaza Belgrano que se inició el 14 de diciembre de 2015, luego de que el flamante gobernador Gerardo Morales ignorara tres pedidos de audiencia. Los referentes de las organizaciones, inluida la Tupac Amaru, querían conocer cuál eran el plan de la nueva gestión respecto del trabajo de las cooperativas.
En esa detención, que se cumplió en el marco de un allanamiento en su vivienda, participó el ministro de Seguridad, Ekel Meyer. Y ningún funcionario judicial. Ni uno.
Sala fue «liberada» de esa primera detención a las dos semanas, pero un rato después volvieron a dictarle prisión preventiva en el marco de la investigación del manejo de fondos públicos en la construcción de viviendas por parte de cooperativas.
En esa investigación hay imputados ex funcionarios provinciales de la gestión Fellner, por supuestamente haber permitido las maniobras fraudulentas. Aunque en ese camino tenían un especial protagonismo los municipios, ya que eran los intendentes los que firmaban los cheques a favor de las cooperativas.
San Salvador de Jujuy es la comuna donde más cantidad de viviendas construyó la Tupac Amaru. Sin embargo, al intendente Raúl ‘Chuli’ Jorge no parecen salpicarlo ninguna de las causas que investigan el manejo de esos fondos.
Morales asegura que faltan alrededor de 1800 casas, que Sala cometió fraude por 60 millones pesos, en la megacausa Pibes Villeros. Pero hay otro expediente en el que, dice, se investiga el destino de 700 millones.
Organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclaman la liberación inmediata de Sala por considerarla una presa política. Un problema para el presidente Mauricio Macri, que insiste con la autonomía provincial y con la independencia de la justicia. Argumentos ambos que aun a sus más acérrimos defensores les cuesta sostener.