Desinformar para dilatar: la estrategia de los antiderechos

Por Tere Jordan

El día de ayer se hizo pública la situación de una niña de 12 años, de la localidad de San Pedro de #Jujuy, que cursa un embarazo resultado de una violación. Desde el viernes está internada en el Hospital Guillermo Paterson en donde se negaron a aplicar el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Finalmente, hoy por la mañana se la trasladó al Hospital Materno Infantil “Héctor Quintana” en donde se espera que se dé pronta respuesta a la situación, que sería en la jornada de este miércoles.

Una y otra vez los derechos de las mujeres, en este caso de una niña de 12 años, son vulnerados sistemáticamente. En primer lugar, siendo violentada sexualmente y, en segundo lugar, siendo obligada por el sistema de salud a cursar un embarazo contra su voluntad y la de su familia.

Si bien la niña, acompañada por su madre, llegó el día viernes al nosocomio sampedreño manifestando voluntad de interrumpir el embarazo, las autoridades desoyeron este pedido. Las manifestaciones públicas del flamante director del hospital, Dr. Marcelo Villa, dan cuenta de diferentes maniobras dilatorias con el objetivo de que la ILE no se practique. Desde un primer momento la institución no se apegó al Protocolo ILE, al cual adhirió la provincia de Jujuy en el año 2012. También alegó que debía esperar a la resolución de la Justicia.

En este sentido vale citar el fallo FAL, de marzo de 2012, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece con claridad que:

La persona no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible.

Según la ley en la Argentina toda persona con capacidad de gestar tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo cuando:

  • El embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;
  • El embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios;
  • El embarazo proviene de una violación;
  • El embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental.

Puede llamar la atención que el Dr. Villa desconozca esta información ya que durante varios años fue director del Hospital Miguel Miskoff -de la localidad de Maimará- en donde funciona una Consejería en Salud Sexual y Reproductiva que aplica Protocolo ILE. Sin embargo, es conocida por los vecinos y vecinas de la zona su militancia antiderechos y su posicionamiento como objetor de conciencia.

Pero no sólo el recién nombrado director del Hospital Paterson habló públicamente. También lo hizo la Sub Secretaria de Atención, Promoción y Prevención de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia, Dra. Verónica Serra, quién igualmente refirió a una supuesta “decisión de la justicia”. Ambxs funcionarixs fueron desmentidxs por el fiscal José Alfredo Bianco quién dijo con contundencia que “la justicia no tiene nada que autorizar”.

Por otra parte, lxs funcionarixs mencionados refirieron a las semanas de embarazo como otro impedimento. La legislación actual prevé que en una interrupción legal de embarazo por causales no se establece un límite de tiempo. Siendo suficiente la argumentación de los profesionales intervinientes en relación a la salud y al riesgo de vida.

Según la Organización Mundial de la Salud todo embarazo adolescente entra en la categoría “de riesgo médico” entre otras cuestiones porque la posibilidad de morir es dos veces mayor cuando la adolescente se ubica entre los 15 y 19 años, pero es seis veces mayor cuando tiene entre 9 y 14 años. Teniendo en cuenta este dato –entre otros- es que uno de los principios rectores del Protocolo ILE es la rapidez/celeridad para garantizar que la vida de la persona gestante no corra riesgo.

No sólo lxs funcionarixs manipulan la información o desinforman en pos de vulnerar derechos. Los medios de comunicación también son parte de este andamiaje que busca someter y disciplinar a las mujeres y las disidencias. Tal es el caso del diario El Tribuno de Jujuy que publica hoy (martes 15 de enero) una nota al respecto poniendo el foco en la edad gestacional, en la cuestión judicial y exponiendo situaciones privadas de la familia de la niña embarazada. El tamiz por el que estos medios pasan la información es la valoración moral, evidenciando la ausencia de perspectiva de género.

Frente a toda esta situación, quienes integran la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Jujuy, realizaron un comunicado solicitando a las autoridades que hagan su trabajo y se apeguen a la ley, garantizando el derecho de la niña a la Interrupción Legal del Embarazo. Y denunciando la responsabilidad de las autoridades: “denunciamos a las diversas instituciones del Estado Nacional y Provincial que lejos están de garantizar los mecanismos correspondientes para evitar y sancionar, por todos los medios institucionales y legales, las prácticas de aquellas personas, que, desde el odio y desprecio hacia las mujeres, lesbianas y trans, pretenden obstaculizar e impedir el acceso a los derechos humanos.” Asimismo, manifestaron que el embarazo infantil es una tortura y que se deben arbitrar todas las medidas necesarias para que la misma cese.

El movimiento feminista de Jujuy se encuentra movilizado y en estado de alerta frente a lo que está sucediendo. Acompaña, sostiene, asesora. Desde la Casa de la Mujer María Conti de San Pedro se encuentran junto a la familia y a la niña desde el primer momento. La abogada Marta Paniagua, integrante de esta asociación, se mantiene en contacto de forma permanente. En las últimas horas dio a conocer que el traslado desde San Pedro a San Salvador de Jujuy es un primer paso y que se está a la espera de que se garantice la interrupción.

protocolo_ile_octubre 2016

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