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Ni usurpación ni entrega de tierras, sino un relevamiento de las familias campesinas que hace hasta tres generaciones viven y producen en la zona rural de Palma Sola.
Anastasia García, delegada en Jujuy de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) de la Nación, explicó a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que el acto del 19 de abril pasado fue el cierre de una etapa de relevamiento de familias campesinas que viven y producen en la zona.
Se trata básicamente del cumplimiento de lo que establece la ley nacional 27.118 de la Agricultura Familiar, directivas internacionales y la ordenanza aprobada en 2016 por el Concejo Deliberante de Palma Sola, que declaró área campesina al sector rural el ejido municipal y estableció hacer un ordenamiento territorial, ambiental y tenencia de la tierra, además de un censo. El desmantelamiento de las actividades dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri primero y la pandemia después demoraron el trabajo, que finalmente se inició en 2021.
«Es importante aclarar que es un relevamiento de ocupaciones campesinas históricas, de una, dos o tres generaciones, de 30, 40 y hasta 100 años de familias que viven en esos territorios», agregó García.
La Secretaría de Agricultura Familiar relevó 63 puestos con un centenar de familias distribuidas en 18 parajes que producen carne, verduras y frutas. En el acto del 19 de abril, cada familia recibió una carpeta donde se indica el lugar donde vive y un listado donde está su nombre, domicilio y antigüedad en el puesto.
«En las carpetas que se entregaron carpetas constan las posesiones históricas de las familias en el territorio. No tiene nada que ver con entrega de tierras ni usurpación. Acá no hay nada de eso», puntualizó la funcionaria.
Gerardo Morales habrá recibido información equivocada al denunciar mediática y judicialmente que funcionarios nacionales habían regalado tierras a militantes del Movimiento Evita. El gobernador denunció en los medios y también en la justicia supuestos «oscuros manejos de poder» mediante los cuales se habría concretado un «reparto de tierras».
Lamentablemente, tras esta maniobra irregular e ilegal, se repartieron a 63 militantes un total de 23.000 hectáreas de tierras privadas e incluso parte de una Reserva Provincial, algo que es inaceptable y muy grave. https://t.co/RtXlWAMzCG
— Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 28, 2022
El mandatario provincial llegó a anunciar que presentaría una demanda penal contra funcionarios nacionales por los delitos de «usurpación de autoridad» y «abuso de autoridad». Lo hizo en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, junto al fiscal de Estado, Mariano Miranda.
En declaraciones públicas, Morales aseguró que se habían entregado tierras a militantes del Movimiento Evita, lo cual fue desmentido por funcionarios, funcionarias y referentes de esa organización.
«Lo que sucedió ese día es que, al tener la visita de funcionarios nacionales que vinculados al Movimiento Evita, hubo un recibimiento desde la organización y un acompañamiento al compañero que militaba en la localidad», detalló Anastasia García, y agregó: «Cuando los movimientos sociales tienen compañeros en funciones públicas, son hechos históricos».
La funcionaria nacional aclaró que ni siquiera hay campesinos que militan en el Movimiento Evita, sino que el desarrollo de esa organización en Palma Sola «tiene que ver más con el ejido urbano y con familias vinculadas a la horticultura».
«Este relevamiento se hizo con familias campesinas ganaderas de los puestos más alejados del pueblo, y casualmente no hay ningún militante del Movimiento Evita», completó.
Miguel Gómez, secretario nacional de Agricultura Familiar, hizo entrega de las carpetas en Palma Sola
Las denuncias penales anunciadas por el gobernador habrían recaído sobre Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y sobre María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la SAF, y Cecilia Iriarte, intendenta del Parque Nacional Calilegua. Son los tres funcionarios que firmaron las carpetas del relevamiento.
«Legalmente, la denuncia tiene muy poco peso -analizó García-. Estamos muy tranquilos porque no hay ningún delito. Parece más una jugada para los medios. Pero sabemos que esto no sólo se mueve en la justicia, y además la justicia va a paso de tortuga».
Morales recibió la desmentida de Emilio Pérsico, referente del Evita, y del propio ministro Julián Domínguez. Este último se comunicó directamente desde el extranjero «para coordinar institucionalmente las acciones de trabajo junto con esa provincia».
Sobre este punto, Anastasia García señaló que «si el gobierno de la provincia quiere sentarse a trabajar tranquilamente para entender qué es lo que se trabaja como institución, las puertas siempre estuvieron abiertas», y reveló que el día de la entrega de las carpetas «el gobierno provincial estaba invitado, pero no se hizo presente».
La funcionaria contó además que entre su oficina y el gobierno provincial se llevan adelante numerosos trabajos conjuntos, por ejemplo en temas como la ley ovina, la ley caprina y los financiamientos de fondos internacionales del ministerio nacional.
La desmentida del MNCI
La disputa por la tierra
En una nota publicada en el diario Página/12, la periodista Alejandra Dandan revela detalles de la disputa por las tierras en la zona rural de Palma Sola.
Allí refiere que el eje en discusión son 23 mil hectáreas, la mitad de las cuales son tierras fiscales mientras que el resto pertenece a consorcios vinculados al poderoso Ingenio Ledesma, al salteño Alfredo Olmedo y al empresario Orlando Canido, denunciado por el uso de guardias blancas en sus dominios.
La fuente consultada señala que “la soja, el poroto y la caña son los que en realidad están buscando sacar a esas familias, y eso es parte del proceso de corrimiento de la frontera agrícola”.
