No existe ningún «inminente traslado» de Milagro Sala al penal federal de la localidad de Güemes, tal como lo había informado este viernes el abogado Luciano Rivas en su rol de representante legal del gobernador Gerardo Morales. «No hay ninguna sentencia de la Corte sobre esta causa y sigue vigente la cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide que Milagro Sala sea alojada en un penal», aseguró la defensa de la dirigente social.
En lo que el Comité por la Libertad de Milagro Sala calificó como «una nueva operación» de Morales «en complicidad con el presidente del PJ local, Rubén Rivarola, a través del diario El Tribuno», Rivas aseguró que era «inminente» el traslado de la dirigente social y que así lo había establecido la Corte Suprema de la Nación, en el marco de la causa federal conocida como «de los huevos». En diciembre de 2016 Sala -que no estaba presente en los hechos que se juzgaron- fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por daño agravado por un escrache de 2009 al entonces senador Gerardo Morales, en el que se tiraron huevos en el edificio de Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
«No hay ninguna sentencia de la Corte sobre esta causa y, por otra parte, sigue vigente la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide que la dirigente social sea alojada en un penal por el riesgo de vida que esto implicaría», afirmó la defensa de Sala.
Explicaron que hace un mes se presentó en el Tribunal Oral Federal un planteo por prescripción de la causa. De acuerdo a lo que indica el Código Penal, el plazo de prescripción, en este caso, era de cuatro años, y se cumplió el pasado mes de febrero. Sin embargo, «en una resolución sin precedentes, el Tribunal Oral actuó en contra de toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de lo que establece la ley penal», explican, y resolvió que la causa no estaba prescripta.
«Para resolver de esta manera, el tribunal inventó un nuevo hecho interruptivo, algo que está expresamente prohibido, e interpretó la prescripción de un modo que se abandonó hace más de quince años», precisó el equipo de defensa, y adelantó que presentará un Recurso de Casación «con la esperanza de que se aplique la ley de una vez por todas».
De todos modos, aclararon, la decisión del Tribunal Oral no implica que Milagro Sala vaya a ser trasladada a la cárcel, porque está vigente una medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide que sea detenida en un penal.
Pero además, el Tribunal no dictó sentencia ni puede hacerlo, por dos motivos: el primero, porque la Cámara de Casación aún debe resolver un planteo porque a uno de los imputados en la misma causa no se le permitió nombrar abogado defensor. Lo que decida Casación va a afectar de manera directa la validez de la condena contra Sala, y por esta razón el Tribunal no puede tomar ninguna resolución hasta entonces.
Por otra parte, están vigentes los plazos que tiene la defensa para recurrir la resolución del Tribunal Oral ante la Cámara de Casación.
La defensa de Sala afirma que «también es mentira que la Corte Suprema haya confirmado la condena; por el contrario, dijo que no había sentencia definitiva».
«Los abogados de Morales dicen que Sala no es una perseguida política -señalan-. Alcanza con ver lo que piden para que se revele la realidad: la querella quiere que Milagro vaya siete años a la cárcel porque en 2009, en un lugar que ella no estaba, se rompió un vidrio, se tiraron huevos y se insultó al ahora gobernador».
El Comité por la Libertad de Milagro Sala advierte: «Pasaron más de cinco años desde que comenzó esta cacería judicial y los ataques contra Milagro no cesan. Exigimos una respuesta urgente de la Corte Suprema de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, y de los poderes Legislativo y Ejecutivo, que deben hacer cesar una situación en la que un gobernador usa todos los recursos del Estado para destruir a una persona y, así, atenta contra los principios de un Estado democrático».