Desmontes: “Mientras simula cumplir con las normas, el gobierno avasalla derechos”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró nulas dos autorizaciones que había emitido la provincia de Jujuy para el desmonte de 1470 hectáreas de bosques nativos en la finca La Gran Largada, ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara.

María José Castillo, abogada del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) que representa a las familias afectadas por el desmonte, explicó en diálogo con El Submarino Radio (91.5) las irregularidades cometidas por el Estado provincial al otorgar esas autorizaciones, y cuáles son los pasos a seguir.

-¿Cómo recibieron la suspensión de los desmontes en Palma Sola ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

-Es un fallo esperado, aunque extemporáneo. Porque lo presentamos en marzo de 2010, cuando ya estaban entrando las topadoras a los territorios habitados por familias campesinas. Ahora llega el fallo, cuando en todo este tiempo los desmontes han avanzado. De todos modos lo celebramos, porque tiene implicancias en la actualidad.

-¿En qué sentido?

-Sabemos que hoy la provincia de Jujuy está queriendo aprobar un plan de ordenamiento territorial para las áreas boscosas que implicaría aún más desmontes, y este fallo viene a poner luz sobre el hecho de que en general las administraciones provinciales no cumplen con algunos recaudos legales. Así que estamos celebrando y además estamos pensando en cómo hacerlo efectivo.

-¿Cuáles son los siguientes pasos?

-Este fallo en concreto lo que hace es declarar la nulidad de dos autorizaciones a una empresa para hacer desmontes, y dice que esas autorizaciones se hicieron de manera irregular. Eso es algo que pasa en el cien por ciento de los casos.

-¿En qué consisten las irregularidades?

-La administración provincial, ante una solicitud de desmonte, envía inspecciones para verificar que lo que la empresa quiere desmontar esté de acuerdo a la legislación. Luego realiza una publicación en el Boletín Oficial y se aprueban los desmontes. Así se ha hecho en la generalidad de los casos. Lo que la Corte dice es que, por un lado, el expediente administrativo no toma en cuenta todas las observaciones que se hacen en las inspecciones. Por ejemplo, que se quiera desmontar en zonas donde no se puede porque hay pendientes al 2 por ciento, que es un desnivel que no permitiría un desmonte porque está prohibido por ley; o en zonas donde los informes exactos de las empresas omiten informaciones a las familias que habitan o las características ambientales del lugar. En general la administración no toma en cuenta esas observaciones y tampoco realiza audiencias públicas previas, que es lo que denunciamos desde siempre, de acuerdo a lo que marca la Ley Nacional de Medio Ambiente y las leyes provinciales de participación pública. La Corte aclara que esos requisitos no son simples formalidades, que se pueden cumplir o no, sino que son requisitos esenciales. Y que si el expediente demuestra que no se cumplió, las autorizaciones tienen que ser nulas. Ahora el paso que sigue es pedir que se repare el daño ya causado.

-¿El fallo va en contra de las dos empresas involucradas?

-Este fallo va contra la empresa Cram S.A., que es propiedad de la familia Macedo. El propietario es el Macedo que vive en Salta, primo de los Macedo que tienen vinculación política en Jujuy. Lo que venimos denunciando hace años es que hay desmontes de Guillermo Jenefes; de Cervera, que está vinculado a Blaquier, y de una serie de empresarios que usan empresas donde no figuran sus nombres y que están realizando desmontes ilegales que no están autorizados o han sido mal autorizados. Venimos denunciando esto junto a ATE y CTA, y otras organizaciones, y hoy ponemos el acento en que el gobierno provincial continúa con una política de desmontes acelerados en esta zona, y hace como todo lo que hace en materia de pueblos indígenas y campesinos: simular que cumple con las normas, pero en definitiva no hace más que avasallar derechos.