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Este jueves, trabajadores y trabajadoras despedidos de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Jujuy realizaron una nueva acción judicial por reincorporación y reparación de salarios caídos. La presentación se realizó en el Juzgado Federal Nº 1, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
La acción se presenta en el marco de las luchas emprendidas en febrero del 2016, apenas asumido el gobierno nacional y provincial, cuando se inició la ola de despidos y desmantelamiento de la Secretaria de Agricultura Familiar. Se trata de una demanda al Estado Nacional, por reincorporación o indemnización por despidos arbitrarios.
Los y las trabajadoras despedidas en 2016 que judicializaron el reclamo, fueron reincorporadas en 2017 y despedidos nuevamente en abril del 2018.
“Hoy, con la esperanza que este raid persecutorio tenga fin con la asunción del nuevo gobierno nacional, venimos a exigir el respeto no solo por nuestra estabilidad laboral -ya que somos trabajadores/ras del Estado con antigüedad entre 8 y 13 años- sino también se recuperen las políticas públicas para la agricultura familiar campesina e indígena. Porque en Agricultura No sobra Nadie, exigimos la reincorporación de todos los despedidos.”
En dialogo con el Submarino Radio (FM Conectar 91.5), una de las trabajadoras despedidas, Anastacia García dijo que “iniciamos un juicio ordinario en el juzgado federal N°1, junto con 5 compañeros que vivieron la misma situación, es un pedido de reincorporación y en caso de negarnos la reincorporación, un pedido de indemnización por los años trabajado en la secretaría de agricultura familiar, al ser despedidos nunca nos indemnizaron ya que estábamos en planta transitoria o sea que teníamos que hacer un juicio para tener la indemnización y ellos solamente nos despidieron”.
Luego relató que “la secretaria despidió 21 trabajadores en esta gestión local, en este caso de los 15 que fuimos despedidos en el 2016 solo 9 nos presentamos a juicio, pero 3 volvieron a trabajar y los 6 compañeros que estamos en condiciones de hacer juicio presentamos un amparo colectivo por persecución política ya que nos despidieron a los que participamos de las asambleas de ATE, lo que nos paso es que en dos instancias nos reconocieron el despido arbitrario así que al año volvimos a trabajar y luego en el 2018 nos volvieron a despedir a los mismos compañeros”.
García dijo que “es un juicio ordinario que tiene sus años de duración, primero le pasan vista al estado nacional, de todos modos por tener un antecedente positivo el estado reconoció que éramos trabajadores y que nuestros contratos de transitorios eran ilegales, por lo tanto ya hay camino hecho, ahora falta que la justicia haga su camino lento como siempre, de todos modos nosotros creemos que si hay reincorporación va a ser una lucha política y gremial… éramos 45 trabajadores y ahora redujeron un 50% los trabajadores y no cuentan con presupuesto para moverse por lo que solo están en las oficinas, estos despidos tienen que ver con un vaciamiento al apoyo de este sector”.
