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El Gobierno informó este miércoles que no renovará los contratos de gran parte del personal del Hospital Laura Bonaparte y definió un recorte de más de 700 millones de pesos para su presupuesto de 2025. Hace tres meses había anunciado la reestructuración de la institución.
El Laura Bonaparte es el único hospital de salud mental y adicciones a nivel nacional. El año pasado había recibido $16.800 millones para su funcionamiento; un total por mes de $1.333 millones.
El impacto del recorte
El delegado de ATE en el Bonaparte, Leonardo Fernández Camacho, en medio de una asamblea que se realizó este jueves en las puertas del centro de salud, precisó que «el recorte incluye más de cuarenta psicólogos, más de veinte médicos clínicos, psiquiatras, farmacéuticos y odontólogos».
Y concluyó: «El hospital perdió. Perdimos capacidad operativa absoluta».
Entre los casos más críticos, mencionó el de los médicos psiquiatras que trabajaban en la guardia que fueron despedidos. «Por lo tanto, cualquier descompensación que nos llegue no la podemos abordar», describió.
La situación también afecta al sector de internación, donde fue despedida la mitad del equipo profesional.
El impacto también se extiende a la atención ambulatoria de niños, niñas y adolescentes con padecimientos de salud mental. «La mitad del personal también fue despedido. Es imposible funcionar. No podemos trabajar así», enfatizó.
Otro de los problemas que agrava la situación es la falta de enfermeros, lo que impide la ampliación de los dos pisos disponibles en el hospital. «Reclamamos la incorporación de enfermeros desde hace tiempo, pero nunca recibimos una respuesta. Ahora el discurso es que atendemos poco, y la solución que plantean es despedir al personal. Por supuesto, así vamos a atender mucho menos. Hoy no podemos cubrir ni la internación ni la guardia», afirmó el sindicalista.
Desde la representación gremial de los trabajadores rechazaron las cifras oficiales que se han difundido sobre la operatividad del hospital. Según datos divulgados este jueves, de las 55 camas disponibles, solo 19 se ocuparon en promedio mensual, lo que llevó a cuestionar la necesidad de mantener a todo el personal. Sin embargo, Fernández Camacho calificó esas cifras como falsas. «Dicen que había 119 empleados asignados a internación, pero eso es una locura. Echaron a todo el equipo de estadística. No sé de dónde sacan esos números».
El panorama es aun más sombrío de cara al futuro. «En 2024, entre despidos, renuncias y jubilaciones, perdimos 100 trabajadores, el 80% de ellos profesionales. Con estos 200 despidos recientes, hemos perdido la mitad del personal en un año», detalló Fernández Camacho a Perfil.
El delegado también apuntó contra los responsables de las decisiones. «El director de hospitales, Diego Masaragian, y la directora nacional de Salud Mental, Liliana González, deben hacerse cargo de lo que está pasando», reclamó. Y reveló que González «tiene una clínica privada que ya tiene lista de espera de más de un mes».
«Ahora no sé qué va a hacer con los pacientes que manda al hospital, porque acá no los vamos a poder atender y en su clínica tampoco», desafió.
En la asamblea, Fernández Camacho destacó la falta de respuesta por parte de las autoridades. «Desde que empezaron a llegar los telegramas de despido, nadie se comunicó con nosotros. Ni siquiera vino el director. Hoy el hospital no tiene ninguna autoridad presente».
El impacto de los recortes afecta directamente a los pacientes. «Si alguien llega con un ataque de pánico o una crisis, lo único que puedo hacer es abrazarlo y decirle que ya va a pasar, o derivarlo a otro lugar en CABA, si es que se puede», concluyó el delegado gremial.
No a los despidos en el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte! pic.twitter.com/qHbZuUFmVs
— Christian Castillo (@chipicastillo) January 16, 2025
Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos se solidarizaron con los trabajadores del Bonaparte y reclamaron respuesta por parte del Gobierno sobre cuál es el plan a futuro para la institución y, sobre todo, para quienes se atienden allí.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió un comunicado en el que advierte que «el desamparo avanza en la salud pública» e invita a «pensar lo que implica» el recorte.
Allí se detalla: «No se sabe qué pasará con quienes están en internación. Un turno de guardia quedó cerrado y en otros no hay psiquiatría. El fin de semana no habrá enfermería de guardia. El 0800 de urgencias no atenderá las 24hs. Miles de personas quedan sin tratamiento de salud mental».
En este contexto, el organismo de derechos humanos pide que se habilite la feria judicial sobre la cautelar que presentó por la vigencia de los servicios de internación del Bonaparte «y para que no se deriven personas usuarias sin consulta». Y adelantó que van a llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los argumentos del Gobierno
El proceso de reestructuración encarado por la cartera dirigida por Mario Lugones se apoya en supuestas ineficiencias en el funcionamiento del hospital.
Según una fuente del Ministerio de Salud consultada por Perfil, el establecimiento, que fue transformado en hospital en 2012 tras dejar de ser el Centro Nacional de Reeducación Social (Cenareso), opera en realidad como una sala de atención básica, a pesar de contar con recursos de un hospital de alta complejidad.
En 2024 manejó un presupuesto anual de $16.800 millones, de los cuales el 78% se destinó a salarios, argumentaron desde el Ejecutivo. Entre 2021 y 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández, se incorporaron 326 trabajadores, pero muchos de sus contratos no serán renovados como parte de los ajustes actuales.
“La relación entre camas ocupadas y presupuesto es alarmante”, señaló la fuente. De las 55 camas disponibles, aseguró, en promedio sólo se ocuparon 19 por mes, mientras que 119 personas estaban asignadas a esta área.
