Fernando Acosta, de ATE, Víctor Aramayo, de Apuap, y Fredy Berdeja, de Judiciales, respondieron a la citación del fiscal, pero solo presentaron un escrito en el que plantean la nulidad de la citación. «Pretenden con un ardid judicial hacernos pisar el palito para que declaremos, y usar luego nuestra declaración para iniciarnos un juicio por calumnias o injurias o algo por el estilo», explicó Aramayo.
Alicia Chalabe, letrada del sindicato de Judiciales, señaló que «deberían haber agregado la prueba, documentación que desmienta lo afirmado sobre en qué gastaron la plata, y en lugar de eso citan a los dirigentes para que expliquen lo que decían los carteles».
«Esto es algo inusual», aseguró la abogada.
Además, la dirigencia de ATE presentó una recusación del juez Gutiérrez, por ser el magistrado que hace dos años ordenó la represión policial al mismo colectivo gremial en la sede de Rentas. «En aquella oportunidad denunciamos que nos robaron celulares, colchones, carpas, y nunca movió ni un solo papel para que nos devuelvan esos elementos», detalló Aramayo.
«Existe una manifiesta enemistad con los trabajadores estatales, y los dirigentes en particular», aseguró el sindicalista, y agregó: «Mientras no haya paz en los hogares de los trabajadores estatales, no va a haber tampoco entre los funcionarios».
En la misma línea, Acosta afirmó: «Nosotros podremos ir a cualquier lugar, tenemos derecho de ir a sus domicilios porque ellos se meten en los nuestros. Nos han robado, nos han apaleado, y se meten también en las casas de los trabajadores cuando no les permiten tener una vida digna, a pesar de que trabajan regularmente».
El titular de ATE Jujuy continuó: «El gobernador y el vicegobernador son los responsables, hay varios que ejecutan esa política. y lo mismo se podría decir de la municipalidad, que se deshace en esfuerzos para aumentar tarifas y no hace ningún esfuerzo para pagar lo que corresponde a los trabajadores».