Desviar la ira: el gran logro de los poderes fácticos

Por Santiago Grandi*. No descubriremos nada si decimos que uno de los mayores secretos que esconde el papel determinante de las fuerzas sociales fácticas es la fenomenal arquitectura política, judicial y mediática cimentada para lograr transformarlas en virtualmente invisibles. No están (puesto que nadie repara en ellas); no se habla de su injerencia (porque se tiene total desconocimiento de sus procederes y poderes), y sin embargo es bajo su influencia que los tiempos marchan. Una de sus manifestaciones más evidentes, que podemos llamar la pata corporativa y empresarial -con sus poderosas plataformas de lobby: lease uniones industriales, empresariales, fundaciones privadas, ONG’s de ideología claramente neoliberal, etc-, encuentra en la herramienta del desvío de la ira social acumulada uno de los grandes logros -sino el mayor- que explica lo particular de su situación: ellos, los que siempre, bajo el gobierno que sea, fuera cual fuera la etapa de la vida política del país, han salido favorecidos a expensas de las enormes mayorías, cuentan con el beneplácito del anonimato. Raramente un «ciudadano de a pie» vomita su descontento tomándolos como primeros y máximos responsables del característico desajuste sistémico que nos abarca y somete, y de este modo, erigidos en los titiriteros invisibles que manejan los hilos de los tiempos, idean, diagraman y ejecutan planes macro y microeconómicos que a la postre terminarán condicionando el futuro del país todo por largas décadas.

Sencillo es toparse con argumentos masivamente extendidos que encuentran siempre en los semejantes-oprimidos la fuente de todos los males sociales. Cuando nos sentamos a dialogar con algún amigo y este cree fervientemente que el «gasto público» es elevado, o que la «desproporcionada» cantidad de empleados públicos explica el próximo déficit, o que, pensándolo bien, en realidad el problema es que el Estado subsidia varios de los consumos de las enormes mayorías, nosotros podemos elegir plegarnos a la idea -cuestión que resultará ser la más sencilla, puesto que sólo estaremos repitiendo lo que se nos dice que digamos, contando, a su vez, con la potencia del número («todo el mundo sabe que es así»)-, o por el contrario hacer el intento de correr el velo que nos impide pensar, por caso, que con la estatización de la deuda privada llevada a cabo a fines de 1982 -en las etapas finales de la última dictadura cívico-clerical-militar, tiempos en los que el Presidente del Directorio del Banco Central de la República Argentina era por entonces Domingo Felipe Cavallo-, el país se vio obligado a pagar durante más de tres décadas una exorbitante e ilegítima deuda externa que ahorcó las finanzas nacionales e imposibilitó al pueblo de disfrutar así fuera de una mínima porción de toda la gigantesca riqueza por aquí generada. Por tanto, es cuanto menos interesante pensar que muchas de las enormes fortunas que ostentan varias de las más grandes empresas que operan en el país fueron creadas a expensas del robo indiscriminado a varias generaciones de argentinos. Sin ir más lejos, Socma y Sevel -empresas estrellas del grupo empresarial de la Familia del actual presidente de la nación Mauricio Macri- fueron beneficiadas en aquellos años con la estatización de su deuda privada.

Desde luego -y este es el dato- no fueron las únicas. Entre 1979 y 1983, más de 70 empresas resultaron beneficiadas con una disposición armada para robar y empobrecer al pueblo y a la vez aumentar la riqueza y el poder de grandes corporaciones y grupos económicos en la Argentina.

¿Quería evidencias del sustento y la colaboración de civiles en el gobierno de la última dictadura genocida? Reconozca estos datos y considere, de la mano del trabajo del periodista Alejandro Olmos, las 477 irregularidades acreditadas en la deuda contraída en aquellos seis años. Y piense, también, en el histórico y constante origen criminal de la consolidación de los sectores dominantes más concentrados en la vida social argentina. Así como los pioneros del siglo XIX fundaron el moderno estado-nación argentino en base al genocidio indígena, la reinstauración de la esclavitud y la usurpación y posterior repartija de millones de hectáreas entre los aliados de clase, un siglo después los poderes fácticos acudieron a prácticas similares (y otras más novedosas y desarrolladas, como las citadas herramientas financieras para el empobrecimiento de los pueblos) para ascender aun más en su carrera por la obtención del Poder Total.

• Cuando hablamos de lo sucedido el 17 de noviembre de 1982 -fecha en la que se definió la estatización de la deuda de los grandes grupos empresarios privados-, hablamos de una de las mayores estafas al pueblo argentino, una en la que el Estado, mediante instituciones como el Banco Central, fue utilizado en beneficio del 1% de la población, a través de incontables operaciones turbias, dándole forma a prodigios tales a lograr transferir pasivos de empresas privadas en el exterior directamente a las cuentas públicas.
• Hablamos de una estafa al pueblo argentino que benefició a grandes empresas -de esas consideradas serias y de significativa importancia-, y famosos bancos privados que, endeudados con el exterior, acabaron socializando sus costos, transfiriendo sus deudas al pueblo todo, haciendo uso directo de fondos del Tesoro Nacional para cancelar sus obligaciones en distintas monedas.
• Hablamos de los beneficios usufructuados por el 1% de la población, aprovechando el poder manejarse impunemente en tiempos de nulo control sobre la actividad financiera, de «infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos» (maniobra por la que fue acusada en su momento Socma, del Grupo Macri).
• Hablamos del Estado haciéndose cargo de la deuda de 124 millones de dólares (al año 1983) de Sevel, de los 649 millones de la misma moneda de Acindar, los 211 de Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, y los 62 millones de Loma Negra, de los Fortabat. Hablamos de la socialización de las deudas de multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat. De Cargill, Selva Oil, Mercedes Benz, Kodak, Esso, Sideco Americana, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault, y de pulpos del capital financiero como el Banco Río (deuda de 520 millones de dólares), el Banco Francés, Deutsche Bank, Citibank (deuda de u$s 213.000.000) y Supervielle, entre otros.
• Hablamos del caso paradigmático de Cogasco S.A, sociedad formada por las firmas argentinas Tecsa y Pamar y 2 empresas de origen holandés, constituida en el país para llevar adelante la construcción del gasoducto Centro-Oeste -entre Mendoza y Neuquén, finalmente inaugurado el 11 de diciembre de 1981-, y cuya casa matriz era la Nacap B.V. de Holanda. Habiendo acudido al endeudamiento externo para realizar la obra -un sindicato de bancos cuyo agente era el Amsterdam-Rotterdam Bank (Ambro Bank)-, el monto final de la deuda osciló entre los 918 y 1.348 millones de dólares (de los cuales solo ingresaron al pais 292 millones, quedando el resto en manos de Nacap en Holanda). No hará falta decir que la nacionalización de ésta deuda le da forma al puesto número uno del robo y el bochorno. Un consorcio que se quedó con una Licitación Pública Internacional para la construcción de un gasoducto acabó derivando el costo de la obra a todos y cada uno de los argentinos.
• Hablamos de un perjuicio para el pueblo de 23 mil millones de dólares del año 1983, de un beneficio criminal de enormes proporciones para grandes corporaciones y grupos económicos nacionales e internacionales cuyo poder fáctico real es tal que nunca jamás han sido citados en tribunal alguno para brindar explicaciones sobre lo sucedido, y que para ello cuentan, entre otros factores, con el aporte servicial de coherentes personajes como Carlos Melconian. El hasta no hace mucho funcionario del Gobierno nacional de Mauricio Macri, candidato a ministro de Economía de Carlos Menem en 2003, fue uno de los principales responsables de legalizar el proceso de despojo al pueblo llevado a cabo con la estatización de la deuda externa privada. Como joven jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, fue Melconian el que a través del informe 480/161, elevado al directorio de la entidad, recomendó archivar las investigaciones sobre los fraudes cometidos por las citadas multinacionales y los grupos económicos locales con los seguros de cambio a principios de los ochenta. Como cuenta Maximiliano Montenegro en nuestra nota fuente, «El punto final a las investigaciones lo puso Melconian, cuando elevó un informe al Directorio en el que sugería cortar por lo sano. El argumento utilizado para tranquilizar al establishment, brindándole “seguridad jurídica”, era simple: todo lo que no estuviera prohibido estaba autorizado, aunque ésto significara legalizar burdas operaciones para saquear los recursos públicos. El 4 de diciembre de 1986, el hoy gurú menemista firmó el documento que reduciría las investigaciones a un mero procedimiento formal (ver facsímil). El documento se encarga de desacreditar las actuaciones del cuerpo de inspectores, recomendando que se registren como legales la mayoría de las operaciones impugnadas. Es interesante repasar los argumentos: “No es de nuestro conocimiento que existan normas que impidan la constitución de garantías sobre préstamos externos en base a activos financieros”, sentencia Melconian. Y agrega que “esta modalidad no es práctica del mercado por el hecho de presumir que no conviene financieramente” (…) Con el documento Melconian, el Banco Central limitó las investigaciones a un sólo criterio: el procedimiento formal de verificar que los dólares hayan ingresado al país. El organismo emitió una resolución, impulsada por los directores Daniel Marx (el mismo que manejó las negociaciones de la deuda durante toda la década del noventa y fue secretario de Finanzas de Cavallo durante la gestión De la Rúa) y Roberto Eilbaun, refrendando todas sus recomendaciones. Y determinó que “será considerada como operación realizada dentro de las prácticas normales de mercado toda transacción racional que no constituya un evidente perjuicio para la deudora”. De otro modo, si la empresa no fue perjudicada por la operatoria, entonces lo que hizo fue legal y su deuda sería asumida por las generaciones venideras. Con esos frágiles fundamentos legales, el entonces titular del Banco Central, José Luis Machinea, logró cumplir su parte del trato con el Fondo Monetario. Fue el punto final que “pacificó” al establishment, por un rato».

Aunque ya en 1984 un equipo de 20 auditores había investigado «maniobras dolosas al Estado por parte de privados, valuadas en, por lo menos, más de 6000 millones de dólares», y que un cuarto de siglo después, en 2009, «los auditores Miguel Ángel Espeche Gil, Julio Carlos González, Graciela González y Néstor Forero, a cargo de la causa Olmos II -que investigaba la deuda externa originada entre 1981 y 1987- presentaron un documento en donde se detallaban las maniobras fraudulentas que realizaron entre 1981 y 1983 más de quinientas empresas, con deudas de entre 4 y 1000 millones de dólares que «se beneficiaron del erario público, afectando la vida y dignidad del pueblo argentino y produciendo un estrago social», nada ha sucedido ni parecerá estar cerca de suceder. A pesar que a fines de 2011, luego de la apertura de un nuevo expediente en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito instando a volver a investigar la estatización de la deuda privada, el pedido sigue hoy esperando ser considerado por la justicia y el Congreso Nacional. Será que entre los considerandos de la iniciativa se hablaba de iniciar acciones no sólo contra funcionarios públicos sino directamente contra grandes empresas. Será que algunos necesitan que el pueblo desvíe su ira, y no piense nunca en los que a través de sus robos institucionales han venido afectando la vida y dignidad de las multitudes durante décadas, produciendo un característico estrago social que es fácil de visualizar y denunciar, pero prácticamente imposible de examinar en su justa y correcta génesis.

Como hemos visto, el gran logro del sistema de pensamiento que en la actualidad impera y nos constituye radica en este develado desvío: la ira popular, que con justos argumentos debería apuntar a buena parte del sector empresarial y corporativo de elite, termina siendo manipulada y orientada para acabar descargándose pura y exclusivamente en los funcionarios de gobiernos representativos (los cuales -desde luego, y salvo pequeñas e incompletas excepciones históricas- son los que ejecutan los programas económicos y sociales que el mismo sector empresarial y corporativo les diseñó). La cuestión central de esta falla fundamental es que, como nos cuenta Noam Chomsky, los gobiernos democráticos liberales se encuentran en cierta medida -y a pesar de todos sus defectos- bajo la influencia y el control del Pueblo, a diferencia de los sectores del Poder Fáctico que por definición operan en las antípodas de cualquier lógica democrática. El orientado odio hacia todas y cada una de las figuras de gobiernos de tintes populares es altamente beneficioso para ese universo corporocrático-empresarial, el mismo que al verse alejado de los pensamientos y de las reflexiones cotidianas de «la gente» disfrutan de la impunidad de determinar la vida de enormes multitudes sin ser nunca sometidos a su voluntad o mínimamente puestos en cuestión.

* Escritor y periodista rosarino.