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El juez federal Daniel Rafecas detuvo a un represor que actuó bajo las órdenes de Aníbal Gordon en los centros clandestinos que dependían de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Se trata de Julio César Casanova Ferro, que habría actuado en la base Pomar.
La periodista Luciana Bertoia recuerda en un artículo publicado en el diario Página/12 que la SIDE regenteó tres campos de concentración entre 1976 y 1977. El primero fue el de la calle Bacacay –que fue identificado en 2020 gracias a un archivo desclasificado de la CIA aportado por el Programa Verdad y Justicia–. Para junio de 1976, se puso en funcionamiento Automotores Orletti –que operó como una base del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. En febrero de 1977, la patota de Aníbal Gordon se mudó a un taller ubicado en Chiclana y Pomar, en el barrio de Nueva Pompeya. Este último centro clandestino fue identificado recién en 2022.
Hasta ahora, el juzgado de Rafecas dio por acreditado que en la base Pomar estuvieron secuestrados militantes del Partido Comunista Argentino (PCA) que fueron secuestrados el 20 de mayo de 1977 –Juan Carlos Comínguez, Luis Cervera Novo, Carmen Román, Isidro Gómez, Cesáreo Arano, Miguel Prado y Miguel Lamota– y el empresario Pedro León Zavalía.
Tras el secuestro de Zavalía se inició una actuación militar porque había estado involucrado un mayor del Ejército, Juan Hubert. En ese sumario declararon algunos de los integrantes de la patota de la SIDE. Entre ellos, Honorio Carlos Martínez Ruiz –uno de los represores visitados por los diputados oficialistas en el penal de Ezeiza.
Martínez Ruiz dio un listado de cerca de 20 represores que actuaban en la base Pomar. Entre ellos mencionó a Casanova Ferro.
El nombre de Casanova Ferro fue aportado también por el represor Miguel Ángel Furci en el intercambio por mails que mantuvo con el periodista Fabián Kovacic, que investigaba los crímenes de la patota que operó en Orletti. Según Furci, Casanova Ferro había estado destinado a la base Bacacay. Lo vinculó con los secuestros de los dirigentes uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
De acuerdo con la versión de Furci, Casanova Ferro sería uno de los que firmó el contrato para alquilar Automotores Orletti. El acuerdo lo rubricaron Felipe Salvador Silva y Julio César Cartels. Silva era, en realidad, Gordon; y Cartels sería Casanova.
Historia criminal
Casanova Ferro tiene un largo historial criminal. En 1960, fue detenido por haber baleado a un estudiante de quince años del Colegio Sarmiento. Fue un ataque de Tacuara, el grupo antisemita que actuaba entonces. En ese momento, Casanova Ferro tenía 19 años y estudiaba Derecho en la Universidad del Salvador (USal).
Con los años, se sumó a la Triple A y habría sido cercano a José López Rega. Se lo menciona incluso como uno de los responsables de las publicaciones de esa banda parapolicial, El Caudillo o El Puntal.
Según pudo saber Página/12, Casanova Ferro no habría revistado en la SIDE aunque sí fue parte de la estructura de inteligencia del Ejército. Estuvo primero destinado a un destacamento y después se integró al Batallón 601.
Según escribió Carlos Juvenal en «Buenos muchachos», Casanova Ferro fue parte de la “contra” en América Central.
Su detención se produjo este martes. Tiene actualmente 84 años y continúa trabajando en la USal en temas vinculados a adicciones, dijeron fuentes al tanto del caso. Se espera que sea indagado este jueves por el juez Rafecas.
Otros acusados a juicio
En mayo de este año, Rafecas elevó a juicio a otros tres acusados por los crímenes cometidos en el circuito integrado por Bacacay-Orletti-Pomar. Se trata de Patricio Finnen, un exjerarca de la SIDE que fue condenado por la Cámara de Casación por su rol en el desvío de la investigación del atentado de la AMIA, y otros dos personeros de Gordon, César Albarracín y Rubén Escudero. Se espera que sean juzgados el año próximo por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1.
El nombre de Escudero trascendió en los últimos días porque fue uno de los casos que invocaron las organizaciones de «memoria completa» que impulsan un hábeas corpus para sacar a los presos por lesa humanidad de la cárcel. Estos grupos sostienen que las condiciones de detención se agravaron.
Escudero, en realidad, pidió que le revocaran la domiciliaria por su mala relación con su familia. Está alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El juez Adrián Grünberg -que lo tiene a su cargo- le pidió al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que le informara las condiciones en las cuales estaba alojado. Le dijeron que estaba en una «habitación» unipersonal y que podía practicar tenis y asistir a cursos de inteligencia artificial, cine debate e incluso talleres de stretching (estiramiento) o educación postural.
