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Hoy, 4 de abril, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil, una fecha que busca visibilizar uno de los delitos más atroces que vulneran la integridad de niños, niñas y adolescentes. En Jujuy, la situación geográfica y las desigualdades sociales exigen que el Estado y la sociedad civil no bajen la guardia ante un flagelo que, lejos de desaparecer, se reinventa a través de la tecnología.
La explotación sexual no se limita únicamente a la trata física; el crecimiento del grooming y la distribución de material de abuso sexual infantil en plataformas digitales han encendido las alarmas en las fiscalías especializadas de la provincia. Los captadores aprovechan la vulnerabilidad emocional y económica para captar víctimas, muchas veces ante la falta de controles en el acceso a internet.
Un delito que se nutre del silencio
En la provincia, los esfuerzos se centran en desarticular redes que operan en las zonas fronterizas y en los centros urbanos más poblados. Sin embargo, los investigadores locales coinciden en que el hermetismo sigue siendo el principal aliado de los explotadores. El miedo y, en muchos casos, la captación de la propia familia o entorno cercano, dificultan la llegada de las denuncias a la Justicia.
Desde los organismos de protección de derechos de Jujuy, se enfatiza que la prevención no es solo una tarea policial, sino educativa. El fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) es visto como una herramienta clave para que los menores puedan identificar conductas de abuso y pedir ayuda a tiempo.
Cómo denunciar en Jujuy
Para combatir este delito, existen canales directos que funcionan de manera gratuita y, en muchos casos, anónima:
- Línea 102: Atención especializada para niños y adolescentes en situación de riesgo.
- Línea 145: Central de denuncias por trata de personas, disponible las 24 horas.
- Ministerio Público de la Acusación: Denuncias presenciales o digitales ante sospechas de grooming o explotación.
Este 4 de abril no es solo una fecha de recordación, sino una exigencia de políticas públicas más firmes y una vigilancia social activa para que la infancia en Jujuy sea sinónimo de protección y no de mercancía.
