En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, seguimos siendo discriminadas en los empleos. La inflación golpea particularmente a las mujeres que siguen siendo la mayor cantidad de pobres, las que reciben salarios inferiores y que están más precarizadas laboralmente. Estamos luchando en la calle por nuestros salarios y el gobierno impone una restricción al derecho de huelga con la ley de paritarias y desde ya a la representatividad sindical que existe en Jujuy.
En Jujuy en enero de 2015 ingresaron al hospital público 200 mujeres con diagnóstico de aborto, incluidos los infectados y clandestinos derivados de la penalización que afecta principalmente a las mujeres pobres; poniéndolas en riesgo de vida. Esta ausencia de derechos que decide sobre nuestros cuerpos se cobró la vida de dos mujeres en lo que va del 2015. Sigue sin ser resuelto en instituciones públicas el aborto en los casos permitidos, contando incluso con “objetores de conciencia” a cargo de jefaturas, como es el caso del Jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Pablo Soria cuando el Ministerio de Salud debe garantizar esta practica.
Se siguen destinando sumas irrisorias a la problemática de violencia de género cuando miles de mujeres necesitan refugios temporarios para resolver la violencia, recursos económicos para afrontar la separación ante la violencia económica, y desde ya una historia de opresión, que en la mayoría de los casos las encuentra sin empleo y sin estudios por las habituales prohibiciones de las parejas violentas.
El Estado provincial sigue sin poner freno a la violencia de género que termina en femicidios, como el de Rosa Romero Juárez este 2015 en Calilegua. Seguimos reclamando justicia por Carolina Carretero, Pamela Ibáñez, Adriana Zambrano, Haydee Cruz, Leandra Apaza, Judith Cari, María Alejandra Tolaba y Romina Aramayo entre otras. No se cumple ni la ley nacional ni la ley provincial. El Poder Judicial no aplica los procedimientos de protección inmediata previstos en la ley.
Los delitos contra la integridad sexual superan ampliamente el promedio nacional. Por eso seguimos luchando para que haya justicia contra los violadores y sanción para los jueces que los dejan impunes. El protocolo de atención a víctimas no se aplica en todas las guardias de los hospitales.
Respecto de la trata seguimos teniendo impunidad judicial, ya desnudada públicamente la complicidad de la policía provincial y desde ya su autoridad máxima, que es el poder ejecutivo provincial, solo empecinado en desmentir secuestros de mujeres jujeñas a las que acompañamos y protegiendo a funcionarios policiales involucrados en casos de trata.
Denunciamos las dificultades que padecen las mujeres trans en los servicios de salud donde aún se les adeuda un trato humanizado y digno, así como las trabas existentes para efectuar los tratamientos hormonales y los procedimientos quirúrgicos de readecuación de identidad de género, por falta de reglamentación de la ley de identidad de género.
Nuestro recuerdo y homenaje a Aylen Chambi, pionera en la lucha de los derechos de las mujeres trans en Jujuy y miembro de esta Multisectorial de las Mujeres de Jujuy.
Nuestra solidaridad con las mujeres originarias, a quienes la ausencia de servicios interculturales de salud, educación y justicia les impide recibir respuestas adeucadas a sus problemáticas particulares, derivadas de la intersección de opresiones de género, étnica y condición social. El sistema de salud, de educación y justicia debe incorporar la perspectiva intercultural para poder mejorar la satisfacción de sus demandas, la reparación frente a las violaciones a sus derechos.
Por todo esto, seguimos exigiendo:
Declaración de emergencia nacional, provincial y municipal en violencia sexual y domestica contra la mujer; igual salario por igual tarea; aplicación de las leyes de violencia con presupuesto acorde a las necesidades reales de las mujeres
También aprobación del proyecto de ley presentado por la CTA que contempla la creación de una licencia laboral por violencia de género para garantizar que todas mujeres que sufren violencia tengan amparo legal en el ámbito laboral; desmantelamiento de las redes de trata y fin de la impunidad a los tratantes y sus cómplices; educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir y justicia por todos los crímenes contra las mujeres.