Ante una nueva conmemoración del Día Mundial del SIDA, la Fundación GEP denunció que «por la falta de voluntad política del gobierno nacional y el desinterés de senadores y diputados» perdió estado parlamentario el proyecto que buscaba sancionar una nueva ley nacional de VIH/SIDA.
El proyecto había sido trabajado colectivamente desde hace más de tres años por las Redes y Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y Hepatitis, como el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, junto a instituciones científicas y organismos provinciales, nacionales e internacionales, como el MInisterio de Salud de la Nación, la Organización Panamericana de la Salud y ONUSIDA.
Si bien contó con dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2017, el proyecto luego quedó frenado. A pesar del seguimiento, los petitorios y las manifestaciones públicas que realizaron las organizaciones, ni la Comisión de Legislación General presidida por el diputado del PRO Daniel Lipovetzky ni la Comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por el también diputado oficialista Luciano Laspina, ni tampoco el Senado accedieron a ponerlo en discusión.
Desde la Fundación GEP explicaron que «la última excusa de los diputados es que el proyecto tiene errores técnicos en la redacción. Pero fue hace 5 meses cuando se dio dictamen positivo en la Comisión de Salud y hubo tiempo de sobra para pulir detalles del texto».
“Las organizaciones siempre estuvimos atentas al proceso legislativo y a disposición para reunirnos por las revisiones que fueran necesarias. Creemos que lo que no hubo fue voluntad política para avanzar con esta ley, evidentemente la salud no es prioridad para los legisladores”, manifiestó José María Di Bello,Secretario de la Fundación.
“Numerosas personas con Hepatitis C que se encuentran en estadío final de la enfermedad están esperando desesperadamente su tratamiento que no llega; si esta ley ya hubiera sido aprobada, esos tratamientos ya estarían disponibles”, agregó.
En Argentina hay aproximadamente 120.000 personas con VIH, el 30% de las cuales desconoce su diagnóstico. La ley de VIH/SIDA vigente N°23.798 data de 1990 y es vital que sea actualizada con un enfoque integral y perspectiva de Derechos Humanos.
El proyecto presentado (N° E6139-D-16) incorpora una mirada social en prevención y tratamientos; contempla a los niños, niñas y adolescentes nacidos con VIH; prevé sanciones ante la discriminación en el acceso al empleo; y garantiza la conformación de un Observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas con VIH y a su entorno; entre otros avances.
Además, incluye en el marco legal a otras Infecciones de Transmisión Sexual(ITS) que se registran en aumento y a las hepatitis virales. El caso de la Hepatitis C es de gravedad: se estima que 400.000 personas la padecen y muchas de ellas se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad pero no acceden a sus tratamientos.
“Un proyecto que es muy necesario vuelve a foja cero por no haber un compromiso del gobierno nacional y los legisladores. Estamos hablando del derecho a la salud de los argentinos y de la calidad de vida de las personas afectadas. Porque además de consolidar la prevención y los tratamientos de VIH, el proyecto incluía dos problemáticas actuales que precisan marco jurídico como son las hepatitis virales y las ITS”, resalta Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.