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Una fiscalía imputó a seis funcionarios en el marco de la investigación de la muerte de dos hermanos de la etnia wichí en la localidad de Santa Victoria Este, en el norte salteño, con lo que suman siete los imputados hasta el momento en esta causa, según informaron hoy fuentes del Ministerio Público de Salta.
La Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal imputó provisionalmente al agente sanitario Nelson Andrada; a los supervisores de zona Mateo Talimpe y Víctor Palomo; al encargado de atención primaria de la salud, Gregorio Moreno; al licenciado en nutrición, César Murillo y al médico Edgar Machicao.
La acusación es por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y las imputaciones se suman a la de Mercedes Susana Ávila, quien fue acusada en abril pasado y se desempeñaba como coordinadora de la Niñez del Gobierno provincial en la localidad de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia.
El jueves pasado, durante las respectivas audiencias de imputación, se abstuvieron de declarar Talimpe, Palomo y Andrada, mientras que Moreno, Murillo y Machicao, prestaron declaración ayer, asistidos por una defensora oficial.
La intervención de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas ocurrió a partir de las actuaciones remitidas en enero pasado por la Procuración General de la Provincia de Salta, cuando comenzó la investigación por la muerte de varios niños en el norte salteño, por cuadros vinculados con deshidratación y desnutrición.
Según las actuaciones, en fecha imprecisa, con posterioridad al 20 de marzo de 2020, Ávila y Andrada se dirigieron a una vivienda ubicada en el paraje Vertientes Chicas, a 30 kilómetros aproximadamente de Santa Victoria Este.
Allí, un niño de un año había fallecido con un cuadro de deshidratación y desnutrición.
Además, señala que «al entrevistarse con los padres del menor fallecido, Ávila y el agente sanitario constataron que otra hija de esa familia, de cinco años, estaba en grave estado y requería asistencia médica».
No obstante, los funcionarios «no arbitraron los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato, mediante el traslado en ambulancia u otro vehículo, al hospital de Santa Victoria Este, o con la presencia de un médico o un enfermero en la vivienda de la menor, quien finalmente falleció el 26 de marzo de 2020».
En el certificado de defunción se consignó como causa de fallecimiento «shock séptico».
De las actuaciones también surge que Murillo, Moreno y Palomo no efectuaron los controles correspondientes en relación al estado de salud de los dos menores.
En tanto, Machicao radicó una denuncia penal en la que hizo constar que la causa del deceso del menor de un año, fue «gastroenteritis con deshidratación severa», sin que ese diagnóstico le constara debidamente.
Entre la información brindada por los tres imputados que declararon ayer, Moreno dijo que la familia de los niños fallecidos estaba calificada como de «Prioridad 3», según las normativas establecidas por el Ministerio de Salud Pública de Salta, por lo que debía ser visitada tres veces en tres meses.
Murillo dijo que en el Área Operativa 8 hay unas 3.000 familias, con unos 2.500 menores de 6 años, la mayoría de ellos de pueblos originarios, con necesidades básicas insatisfechas y en estado de alta vulnerabilidad.
Además, sostuvo que la única ambulancia disponible estuvo abocada al traslado de otro menor y que, tras decretarse la Emergencia Sanitaria por Covid-19, las comisiones con recursos humanos y movilidad de Nación y Fundaciones volvieron a sus lugares de origen.
En enero, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos norteños de Orán, San Martín y Rivadavia, por las muertes de varios niños, principalmente de pueblos originarios, por cuadros de deshidratación y desnutrición.
