Tras la presentación que hicieron organizaciones antiderechos en el Congreso nacional de un convenio que firmaron con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Carolina Stanley, diputadas nacionales presentaron un pedido de informes para conocer detalles del acuerdo. Entre otras cosas, quieren saber cuáles son los valores que se brindarán en la orientación familiar y si estos se adecúan al ordenamiento jurídico vigente.
El convenio en cuestión apunta a que el Estado nacional apoye las intervenciones de los grupos antiderechos frente a lo que denominan “embarazos inesperados”. El acuerdo fue firmado en diciembre pasado por Gabriel Enrique Castelli, secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en nombre de la cartera nacional, y Evelyn Rodríguez, titular de Fundación Vida en Familia, que forma parte de un conglomerado federal de organizaciones antiderechos.
El acuerdo establece que el Estado nacional facilite “la promoción” de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable” en todo el país, con difusión del 0800 y de su información. “El ministerio va a facilitar la parte de promoción de la Red y visibilizar nuestro trabajo, para que se vea que hay acción concreta en apoyo a la mujer con embarazo vulnerable”, explicó a este diario la integrante de una de las organizaciones gestoras de la “Red”. Evelyn Rodríguez reveló que el convenio incluye una partida de 1.300.000 pesos.
En los fundamentos del pedido de informes, las legisladoras expresan: «Nuestra preocupación se debe a que no quedan claras las razones por las cuales el Estado nacional duplica esfuerzos y firma un convenio con transferencia de fondos a una organización no gubernamental, tercerizando uno de los objetivos que ya tiene el Plan Enia».
«Este Plan que se implementa en 12 provincias con situación crítica respecto del embarazo adolescente, tiene entre sus objetivos sensibilizar a las y los adolescentes sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional así como potenciar las decisiones informadas de las/os adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos», agregan.
Más adelante, expresan que «es necesario recordar que el Estado nacional garantiza la libertad de cultos y que las intervenciones o servicios que se brinden a la población no pueden transmitir valores diferentes a los que garantiza nuestra Constitución Nacional y nuestro marco normativo».
«No hay interpretaciones de la ley. Hay ley y es clara», señalan, y consideran «preocupante que el Estado nacional firme un convenio con una ONG que derivará a más de 200 centros a las adolescentes embarazadas, sin capacidad ni posibilidad de monitoreo permanente y de supervisón de lo que allí sucede».
La presentación del convenio se hizo en el salón de Pasos Perdidos del Congreso, con la presencia de senadores y diputados que gestionaron el espacio para el encuentro a pedido de Aciera, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina. Además, entre las organizaciones antiderechos que sostienen este lobby se encuentran, entre otras, Gravida (la organización de origen católico que, por ejemplo, opera en hospitales públicos para convencer a jóvenes que piden ILE de desistir), la Fundación La Merced Vida (una de cuyas representantes explicó el año pasado, en el Congreso, que suelen intentar que las mujeres escuchen los latidos del feto, para hacerlas desistir de interrumpir el embarazo) y la Fundación Más Vida (que en la web dispone de una plataforma para “denunciar abortos” y puntos de venta de misoprostol). En sus redes, al anunciar el encuentro, una de esas organizaciones se ufanaba de la presentación: “¡seguimos ganando espacios!”.
La “Red” dispondrá de una línea de 0800 para comunicarse con más de 100 centros para “la derivación de casos que requieran acompañamiento a mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad”.
El texto completo del pedido de informes
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe por escrito cuáles son los objetivos del convenio firmado entre las carteras de Desarrollo Social y de Salud y Fundación Vida en Familia.
En particular, solicitamos se informe:
- Cuál ha sido el proceso de selección de la organización para llevar adelante un proyecto que lleva por nombre: Acompañamiento de situaciones de embarazo no intencional en la adolescencia y cómo se ha determinado el monto de $1.430.000.-
- Cómo se ha establecido el proceso de rendición de fondos y de informes técnicos.
- Las razones por las cuales se ha dispuesto una línea 0-800 que derivará a más de 200 centros a las personas que se contacten con esa línea.
- Cuál es la localización, qué actividades se realizan actualmente en esos 200 centros de atención.
- Informe lista completa de quiénes dirigen y trabajan en esos centros de atención.
- Las razones por las cuales se solapan y duplican esfuerzos considerando que el Plan Nacional “Embarazo no intencional en la adolescencia” (Plan ENIA) tiene los mismos objetivos que el convenio suscrito.
- Las razones por las cuales no se crea una línea 0-800 para el Plan ENIA, considerando que es un plan que involucra a tres carteras nacionales y uno de los mayores esfuerzos presupuestarios y de priorización de política pública que el Poder Ejecutivo nacional ha señalado.
- Cuál es el mecanismo de supervisión y monitoreo del trabajo que lleven adelante en los 200 centros de derivación para conocer la metodología de trabajo de acompañamiento de las adolescentes mujeres que cursan embarazos y para que el Estado garantice el acceso a derechos y que no existan vulneraciones y se garantice el acceso a toda la información, y a todos los derechos con que cuentan las mujeres respecto de su salud sexual y reproductiva.
- ¿Cuáles son los valores que la fundación brindará en la orientación familiar? ¿Se adecúa a nuestro ordenamiento jurídico?
- Informe si el asesoramiento se realizará en el marco de las leyes nacionales vigentes que garantizan el derecho a la salud sexual y reproductiva, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los tratados internacionales y convenciones suscritos por nuestro país que protegen a las personas de la tortura, el Código Penal vigente y el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” que se estableció como política nacional de acuerdo al Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.
Fundamentos
Señor Presidente:
Ponemos a consideración de nuestros pares este pedido de informes ante la preocupación por la firma de un convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Fundación Vida en Familia.
Nuestra preocupación se debe a que no quedan claras las razones por las cuales el Estado nacional duplica esfuerzos y firma un convenio con transferencia de fondos a una organización no gubernamental, tercerizando uno de los objetivos que ya tiene el Plan Enia.
Este Plan que se implementa en 12 provincias con situación crítica respecto del embarazo adolescente, tiene entre sus objetivos sensibilizar a las y los adolescentes sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional así como potenciar las decisiones informadas de las/os adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. El plan involucra el esfuerzo de tres ministerios nacionales, cuenta con tres niveles jurisdiccionales y una mesa de gestión nacional, así como con equipos territoriales intersectoriales que trabajan a nivel comunitario, en las escuelas, en los centros de salud y en los hospitales. Además ha sido señalado por el Presidente de la Nación como una de las políticas públicas prioritarias y representa una inversión considerable en términos presupuestarios.
Es necesario recordar que el Estado nacional garantiza la libertad de cultos y que las intervenciones o servicios que se brinden a la población no pueden transmitir valores diferentes a los que garantiza nuestra Constitución Nacional y nuestro marco normativo. No hay interpretaciones de la ley. Hay ley y es clara. En este sentido es preocupante que el Estado nacional firme un convenio con una ONG que derivará a más de 200 centros a las adolescentes embarazadas, sin capacidad ni posibilidad de monitoreo permanente y de supervisón de lo que allí sucede. No podemos permitir que las adolescentes reciban información confusa, intencionada o contraria a los valores expresados en nuestras leyes, y por sobre todo que no se establezca en el mencionado Convenio la formación específica que deberían tener los asesores que acompañarían a las mujeres en el curso de un embarazo no intencional.
La tercerización de la política pública en organizaciones debe tener parámetros específicos, acotados y de acuerdo a la ley para evitar vulnerar y contrariar nuestro estado de derecho. Asimismo esas organizaciones deben tener la máxima sujeción y conocimiento de nuestras normas jurídicas, sin discriminación contra ninguna persona por su condición de género, religión o condición social. En distintos pedidos de informes al Jefe de Gabinete de Ministros hemos solicitado aclaraciones sobre la modalidad de selección de estas ONG, los procesos de rendición de cuentas (económicas y técnicas) y sobre la transparencia y equidad en el acceso a financiamiento de parte de las ONG, cuestión que aquí insistimos.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a nuestros pares que acompañen con su firma este proyecto de resolución.
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