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El diputado provincial Juan Manuel Soler cuestionó en duros términos el desempeño de la empresa distribuidora de energía EJESA y apuntó directamente contra la responsabilidad del Gobierno de la provincia por la falta de controles sobre la calidad y los costos del servicio eléctrico en Jujuy.
Ante los reiterados cortes de luz y los inconvenientes generados a los usuarios en distintos puntos del territorio provincial, Soler sostuvo que la problemática no responde únicamente a fenómenos climáticos coyunturales, sino a un déficit estructural de inversión que se sostiene desde hace años.
«Acá lo que venimos viendo es la constante de que el gobierno, ante cualquier problema, deja que pase el tiempo para que la gente naturalice y se olvide», señaló el legislador en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
En esa línea, remarcó que EJESA presta un «pésimo servicio» a pesar de tratarse de una concesión pública que debe ser fiscalizada por los organismos pertinentes del Estado provincial.
Soler contrapuso el nivel de inversión de la distribuidora local con el de otras firmas del sector en el país: «Si uno observa la cuenta de inversión de los últimos diez años y la compara con empresas distribuidoras de energía que cotizan en bolsa a lo largo y ancho del país, va a ver cómo EJESA ha invertido siempre entre un 3 y un 5%, cuando la constante es cercana al 15%».
A su entender, este déficit se evidencia tanto en las interrupciones del suministro asociadas a los vientos como en la saturación del sistema durante la temporada estival en los centros turísticos, afectando la actividad económica y comercial.
El impacto en la tarifa y la sobretasa solar
El diputado vinculó la falta de exigencia estatal hacia la empresa con compromisos asumidos en el marco de la política energética provincial. Recordó que en 2022 el Estado suscribió un convenio a través de Jemse para que la distribuidora adquiera energía proveniente de los parques solares locales a un valor de 79 dólares el megavatio, en momentos en que el precio de mercado en Cammesa rondaba los 20 dólares.
«Ese excedente se transfiere a la tarifa del usuario. El Estado se mete donde no se tiene que meter y no controla donde debe controlar a la empresa que presta el servicio. Los que pagan los platos rotos son los usuarios, a quienes se les rompen los electrodomésticos o se les pudre la comida, y EJESA no responde», aseveró.
En cuanto a las obras de infraestructura necesarias para prevenir fallas frente a inclemencias climáticas, Soler planteó un paralelismo económico: «Con la erogación que significó el parque Cauchari se podría haber reemplazado todo el sistema urbano extendido de luz por tendido subterráneo, terminando con el problema de la caída de árboles y líneas».
Inacción en la Legislatura y debate sobre el contrato
Respecto al rol de la Cámara de Diputados, el legislador cuestionó la paralización de las iniciativas vinculadas al cuadro tarifario y la falta de explicaciones por parte de la empresa en el recinto.
«Hay varios proyectos presentados vinculados al costo de la tarifa y no se le ha dado trámite a ninguno. Habría que preguntarle a la presidenta de la Comisión de Obras Públicas por qué se acordó citar a la empresa a un plenario de comisiones y esa reunión nunca se concretó ni se informó el motivo de la ausencia», indicó.
Consultado sobre la posibilidad de impulsar un nuevo llamado a licitación pública internacional, Soler aclaró que el paso previo e indispensable es el abordaje legal de la relación vigente: «Primero tenés que resolver el contrato de concesión para no tomar decisiones que deriven en demandas judiciales contra el Estado. A mi modo de ver, existen causales suficientes para ir sobre la rescisión de ese contrato».
Asimismo, sugirió evaluar diferentes alternativas a futuro, incluida la posibilidad de que el servicio vuelva a ser gestionado por el Estado provincial, tras analizar los costos y beneficios de dicha medida.
El diputado Soler expresó su solidaridad con la periodista Mariana Mamaní tras los actos de intimidación de los que fue víctima el viernes pasado.
«Quiero expresar un repudio total por los actos mafiosos que sufrió la periodista Mariana Mamaní, quien trata de ejercer su profesión con total independencia. En esta provincia no podemos naturalizar estas situaciones. La única forma de acercarnos a la verdad es que quienes piensan distinto puedan alzar la voz sin miedo a sufrir persecuciones o carpetazos», concluyó.
