La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes por amplia mayoría y envió al Senado, el proyecto de ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.
La iniciativa, aprobada a la 1.20 de este viernes, se debatió durante tres horas y sumó 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones; éstas dos últimas expresiones correspondientes a diputados de Juntos por el Cambio, en su mayoría del PRO.
En el inicio del debate, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, destacó: “Hoy estamos poniendo en el centro de la conversación política que no somos varón o mujer, que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo».
Su compañera de bloque, la cordobesa Gabriela Estévez, expresó: «Hoy seguimos transitando ese camino a la reparación que comenzó en el 2004, cuando Diana Sacayan decía, ‘hasta que no podamos ponernos en la piel del otro, no vamos a poder pensarnos como sujetos transformadores de la realidad’. Y éste proyecto se trata de eso. Es un paso más».
En uno de los discursos más emotivos de la noche, enfatizó: “El propósito de esta Ley es que las travestis y mujeres trans puedan desarrollar sus proyectos de vida sin verse obligadas a migrar hacia las grandes ciudades para prostituirse, que los pibes trans no tengan que vivir sus identidades en la clandestinidad para acceder cuanto mucho a trabajos precarizados”.
En ese sentido, añadió: “Especialmente, que las infancias trans de todo el país, y sobre todo del interior profundo, puedan tener un presente y un futuro rodeadas de mucho amor y con pleno goce de su ciudadanía”.
Por el radicalismo, Brenda Austin dijo que “en los procesos de reparación, de transformación cultural, cada voto cuenta, y cada acción de acompañamiento es un esfuerzo más en acelerar esa transformación que es innegable”.
“Es claro que cuando hablamos del colectivo trans en Argentina y el mundo estamos hablando de un colectivo, que es quizás el que se encuentra en la mayor situación de vulneración de derechos”, agregó.
Su correligionaria Roxana Reyes dijo, en tanto, que “es un día histórico, de reconocimiento de derechos. Y siempre que se trata de reconocimiento de derechos acompañamos, y vamos a reivindicar tanto tiempo de silencio, de discriminación, olvido, abuso”.
Por la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro destacó la importancia de que se apruebe el proyecto al considerar que «es sólo una parte de lo que el Estado hace años le debe reconocer al colectivo».
«Debe reconocer reparando el pasado de ausencia de ese Estado, los distintos tipos de violencia emanadas desde ese Estado, la encarnizada discriminación y estigmatización a las que miles de personas de este colectivo fueron expuestas con exclusión, cárcel y muerte», agregó.
Mara Brawer, del Frente de Todos, expresó: «Este congreso tiene pendiente la Ley de Reparación Histórica para las personas trans de más de 40 años: es una manera de dar respuesta desde el Estado a quienes tienen su salud dañada, un pronóstico de vida corto y que ni con esta ley van a alcanzar un trabajo»
Además del cupo mencionado, el proyecto dice también que «a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.
También considera que se entiende por «personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer».
Otro de los puntos dice que «los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo».
El proyecto además contempla que las «contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente Ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales» y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.