Con los 212 votos de los diputados presentes en el recinto, el proyecto, por el que venía insistiendo el Frente Renovador, logró la media sanción y fue girado al Senado, donde podría convertirse en ley.
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cofirmante de la iniciativa junto a Graciela Camaño, agradeció el acompañamiento del resto de los bloques y aseguró que la ley busca «equilibrar la balanza» entre las garantías y derechos que asisten a víctimas y victimarios.
«Tenemos que construir un sistema donde delincuentes y víctimas tengan los mismos derechos para que la Justicia cumpla con su tarea que es la de reparar el daño y hacer cumplir las penas», consideró el diputado tigrense al cerrar la ronda de discursos previa a la votación en general.
«Pretendemos con esta ley equilibrar la balanza», remarcó Massa, que sacó pecho por el trabajo que llevaron adelante durante los últimos dos años los equipos técnicos del Frente Renovador, si bien aclaró que no se siente «dueño de esta ley».
El régimen de protección de víctimas no sólo contempla la asignación gratuita de un abogado a las víctimas de delitos graves desde el inicio del proceso, sino que además estipula que las denuncias no se radiquen más en comisarías sino que se efectúen en Centros de Asistencia y Protección a la Víctima de Delito, que estarán disponibles las 24 horas.
Como miembro informante del dictamen de mayoría, la diputada María Gabriela Burgos explicó, en la apertura del debate, que el corazón del proyecto radica en brindarles a las víctimas un «trato digno», y entre las bondades de la norma mencionó la «asistencia psicológica» a la víctima, «representación letrada» y creación de un «programa de intervención urgente».
«Esto viene a zanjar una deuda que se tenía con las victimas. Hoy los parientes de las víctimas hablan. No tendrán resarcimiento por la pérdida de sus familiares, pero quieren que el Estado le brinde Justicia y un trato digno, equitativo e igualitario», concluyó.
En representación del Frente para la Victoria-PJ, Diana Conti había adelantado el acompañamiento del bloque a la propuesta, pero advirtió sobre el «riesgo de caer en el camino de la inflación punitiva» dado que, a su entender, «el tamaño de la pena no es lo que importa sino que la pena no sea eludida» por quien comete el delito.
Fiel a su estilo, no se privó de realizar una chicana al Frente Renovador, al alertar que en la actualidad existe una «andanada oportunista en general de los que van por la avenida ancha».
Remarcó que el FpV tomó la «decisión política» de hacer a un lado los «cuestionamientos técnicos» y «falencias» que tiene este proyecto de ley para «acompañar sin disidencias», ya que el camino que se trazó el kirchnerismo será el de «tomarle la mano a la víctima» y «pelear contra un Poder Judicial enquistado en una matriz aristocrática, vergonzante, subido en un pedestal».
También sorprendió el apoyo al dictamen del Frente de Izquierda, si bien se diferenció al proponer, en boca del diputado Pablo López (Partido Obrero), un «programa de transición» con «elección popular de jueces y fiscales y control popular de las comisarías».
En tanto, la diputada del GEN Margarita Stolbizer aseguró que el «consenso» en torno a esta ley es «la mejor respuesta que esta Cámara está dando a una demanda muy extendida», mientras que Alejandra Martínez (UCR) recordó que la impunidad ha generado un «hastío» en la sociedad que derivó en «reclamos espontáneos» como la mutitudinaria marcha «Para que no te pase» del 11 de octubre pasado frente al Congreso.
«Si el delito ocurre tenemos que actuar con toda la potencia del Estado para lograr la condena de los responsables y para lograr la reparación de las víctimas», concluyó, a su turno, el radical Luis Petri.