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La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados se reunirá este martes para debatir el decreto del Gobierno que impide los tratamientos de hormonización para cambios de género en las infancias.
Otro tema que se abordará es el de los cambios que la administración de Javier Milei quiere impulsar en la ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros «Diana Sacayán-Lohana Berkins», que establecía que el Estado debe destinar un 1 por ciento de los cargos a esa población.
La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, de Unión por la Patria (UxP), convocó a una reunión para las 14 horas para que expongan representantes de organizaciones de LGTBIQ.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Macha señaló que hay “colectivos que están siendo muy afectados por las últimas definiciones de Milei”
Anticipó que se «trabajará» con referentes de la comunidad LGBITQ sobre «las consecuencias del discurso de Milei cargado de violencia y de persecución, que por ejemplo implica el ataque que sufrió una pareja de lesbianas hace pocos días, el incendio en la casa de Cañuelas también de una pareja lesbiana».
«Cómo todos esos avances en contra de los derechos terminan teniendo un impacto muy doloroso en la vida de muchas personas en relación a su vida, su vida cotidiana y también en relación a los proyectos y a los procesos vitales de cada uno», añadió.
El presidente Milei reformó el artículo 11 de la ley 26743 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), por lo que los menores de 18 años do podrán cambiarse de sexo en el DNI ni tampoco hacer tratamientos de hormonización.
La decisión del Gobierno fue respaldada por el ex presidente Mauricio Macri pero es rechazada por el grueso de los diputados kirchneristas, ya que se trata de una ley que fue impulsada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Uno de los fundamentos del Gobierno es que los menores de edad son «son personas en desarrollo que tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral».
Otro de los argumentos del oficialismo es que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los menores, por su falta de madurez, necesitan protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal.
