Los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) presentarán en las próximas horas, pedidos de interpelación en la legislatura para que funcionarios del gobierno de provincial brinden explicaciones sobre la estafa de más de 500 millones de pesos sobre el erario público.
Luego de la investigación penal preparatoria fiscal Diego Funes sobre supuestos hechos de corrupción en el Juzgado contravencional Nº1 a cargo del ex juez contravencional, Matías Ustarez, los legisladores del FIT-U exigen transparencia “para conocer el destino del desfalco sobre las multas cobradas a la ciudadanía de la provincia.
Además, manifiestan no confiar en la justicia provincial para esclarecer los hechos porque fue armada por el ex gobernador, Gerardo Morales.
Consultados por el escándalo en curso en torno a los recursos económicos que manejaba el Juzgado contravencional Nº1 a cargo de Matías Ustarez Carrillo, el titular de la bancada, Gastón Remy dijo “esto es un escándalo de proporciones aún desconocidas, estamos hablando de un funcionario que no puede explicar cómo en su organismo se cobraba multas ilegales durante 10 años y se montó una estructura para hacer caja paralela, desfinanciado al Estado provincial”.
Luego resaltó, “este hombre fue designado por el ex gobernador Morales (Gerardo) cuando creó de persecución y hostigamiento a opositores, sindicalistas y todo aquel que hubiese levantado una voz contraria a sus designios, lo consiguieron a fuerza de represión e imponiendo esos cobros indebidos y que para colmo ahora se conoce que toda esa enorme masa de recursos iba a parar a manos de quién sabe”.
En 2024 el estado provincial recaudó en concepto de multas $1.947.913.999 y destinó al funcionamiento del juzgado contravencional $388.244.871 según información de la Cuenta de Inversión publicada por el gobierno provincial.
Sobre el tema, la diputada Natalia Morales señaló que “nosotros venimos expresándonos en contra de este modelo de justicia administrativa que creó Gerardo Morales para perseguir, por cuestiones de forma y de fondo”.
Destacó “haremos pedidos de interpelación que hagan falta para que acá quede claro quién se llevó toda esta plata y bajo las órdenes de quien se manejaba, pero creemos que no sólo es una cuestión administrativa y de cambio de caras, este Código tiene que caer, es contrario a la Constitución Nacional y no se puede estar bajo sus normativas ni un día más; vamos a volver a ingresar el proyecto de ley para su derogación por lo que expresaba anteriormente y ahora porque está a la vista que es una estafa al pueblo”.