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En la sesión ordinaria de la Legislatura de manera inesperada ingresó un pedido de juicio político sobre Sergio Lello Sanchez e Ignacio Pasquini del MPA. Lo presentaron entre otras personas ex fiscales del organismo: Walter Hugo Rondón, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos.
La presidencia hizo el anuncio antes del inicio del orden del día y en forma acelerada entre el bloque oficialista y el PJ dispusieron la conformación de la “comisión investigadora” que se reunió para tratar el caso en el acto, por lo cual, se solicitó un cuarto intermedio.
Luego continuó la sesión y tras finalizar la misma en tan solo media hora trascendió extraoficialmente que la “comisión investigadora” había decidido suspender a los acusados y ordenar allanamientos sobre las dependencias del MPA y sus domicilios particulares.
Casi tres horas después se hizo pública la renuncia de Lello Sánchez cuestión que frena el proceso de investigación iniciado por la Legislatura según indica su reglamento.
Ante estos hechos desde el bloque de diputados del PTS-FITU que integran Gastón Remy y Natalia Morales declararon:
«Consideramos que la renuncia del funcionario no puede ser motivo, como ha sucedido con otros casos, de que no continúe la investigación. Asimismo, solicitamos tener acceso al documento por el cual ingresó el pedido de juicio político, a conocer sus fundamentos y las pruebas presentadas hoy día ante la Legislatura.
Desde su creación el Ministerio Público de la Acusación, bajo la tutela del ex gobernador Gerardo Morales, ha sido objeto de todo tipo de internas en el poder, sin dejar de lado lo esencial, que constituyó una herramienta de disiciplinamiento social ejecutando el código contravencional contra opositores políticos, sindicales y sociales como se vio durante la detención de luchadores contra la Reforma o el caso de los dos detenidos por tuitear algo que no le gustó al ex gobernador.
En los últimos meses, hubo también denuncias cruzadas de fiscales respecto a corrupción en el Juzgado Contravencional N°1 responsabilizando a su titular, Matías Ustárez, quien luego renunció; o en el caso de este pedido de juicio político que lleva la firma de ex fiscales que fueron removidos, algunos de ellos, vinculados al caso de trata de mujeres en el residencial Ranys ubicado en la vieja terminal.
Sin embargo, tal vez, lo más candente y preocupante ha sido el rol del MPA en una investigación por abuso sexual que tiene al cura de la parroquia de Ciudad de Nieva detenido, y la gravedad del caso tras la filtración del expediente que hizo público el intento de encubrimiento de una jueza del Tribunal Superior y el Obispo. Ante estos hechos, la jueza Lamas solicitó licencia e inició su vindicación, mientras el MPA es el organismo encargado de investigarla.
De fondo consideramos que se debe investigar todo y esto requiere de la conformación de una comisión investigadora independiente de la propia Legislatura.
Un organismo conformado por integrantes de los ddhh, organizaciones feministas, profesionales, trabajadores y estudiantes que realmente sea garantía de que se sepa la verdad y que no haya impunidad.
Todo el aparato de la burocracia estatal que constituye el MPA encargado de investigar, el MPD (Ministerio Público de la Defensa) que surgen del riñón del Poder Ejecutivo y obtuvieron rango constitucional con la Reforma; y por otro, lado un Superior Tribunal de Justicia armado por la UCR en sociedad con el PJ, cruje por sus internas.
Un régimen así solo admite medidas de democracia radical como la elección de los jueces por el voto popular directo, su revocabilidad y ganen como un trabajador, el fin del carácter vitalicio de los cargos y el juicio por jurados en todas las instancias».
