Los legisladores rebatieron cada uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno provincial y el nacional para minimizar el pronunciamiento, y aseguraron que los expertos internacionales que estudiaron el caso tuvieron en cuenta todas las denuncias, y que es falso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya resuelto que los parlamentarios del Mercosur no tienen fueros.
Ruarte presentó además un proyecto para que la Legislatura exhorte al gobierno nacional a cumplir con lo determinado por la ONU.
Por su parte, Esquivel aseguró que el Estado nacional “debe acatar este dictamen que es absolutamente vinculante porque nosotros tenemos a los pactos internacionales, particularmente a los de Derechos Humanos, con rango constitucional. Lo pactado obliga. El Estado argentino se tiene que hacer cargo de eso”.
Luego, a través de la lectura de la propia resolución de las Naciones Unidas dio, Esquivel cuenta de la falsedad del argumento esgrimido por el gobierno respecto a que sólo se consideró la causa del acampe, por la cual la diputada del Parlasur fue inicialmente detenida. El legislador señaló que en el dictamen determinaron que Milagro Sala ha llegado a estar imputada en al menos 7 causas y que todas ellas contienen las mismas violaciones a los derechos que como imputada tiene la dirigente social.
“El grupo de trabajo se dirige directamente al gobierno de la República Argentina. El presidente Macri debe responder por la compañera Milagro Sala. Así lo ha hecho hace unas semanas en el caso de la joven llamada Belén que fue puesta en libertad y se pudo armonizar el orden nacional con las jurisdicciones provinciales. El Estado nacional es parte de estos tratados y debe acatarlos”.
Por su parte, Ruarte, que también integra el equipo de abogados de Milagro Sala, fue contundente respecto a la afirmación del gobierno según la cual la Corte falló en contra de los fueros de los Parlamentarios del Mercosur.
Ruarte basó su explicación sobre la base de lo que se conoce como “fallo Milman”, en referencia a la presentación realizada por el diputado Gerardo Milman en contra del artículo 16 de la ley 27120 que establece los fueros para los legisladores del Parlasur, y remarcó que “la jueza Servini de Cubría rechazó el planteo y determinó que los fueros son constitucionales».
«El diputado apeló la resolución -continuó relatando Ruarte- y la Cámara Nacional Electoral revocó el fallo de la jueza, pero no declaró inconstitucionales los fueros sino que resolvió que ‘no había controversia sobre la cual intervenir, dado que la presentación se había hecho en abstracto y no sobre un caso particular'».
Esta resolución, detalló, fue recurrida por el gobierno nacional ante la Corte Suprema en febrero de este año, pero en julio el Poder Ejecutivo desistió de esa presentación, «de modo que es falso que la Corte Suprema se haya expedido sobre los fueros que tienen plena vigencia”, aseveró.
Por otra parte, Ruarte criticó a los diputados y funcionarios del gobierno que “solo utilizan argumentos de tipo dogmático, que no se pueden sostener desde el punto de vista jurídico”, y recordó la falta de independencia del Poder Judicial de la provincia fue provocada desde el momento en que se amplió el Superior Tribunal de cinco a nueve miembros, siendo cuatro de ellos exdiputados radicales.
El diputado reclamó que al vulnerarse el Estado de Derecho en la provincia “nos tienen que avisar de afuera que estamos al margen de la ley, porque el sistema constitucional constituye un límite para todos. Pueden llegar con el 99 % de los votos, pero eso no les da lugar a violar la ley”, dijo.
“Es una obligación de todos en esta cámara, pedirle al gobernador de la provincia que se olvide del derecho penal del enemigo que está llevando adelante y que volvamos al Estado de Derecho que es la forma que determina la constitución nacional y provincial”, finalizó.