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La Comisión de Educación de la Legislatura provincial se plantó ante la exposición pública de educadores salpicados por presuntas irregularidades. En un encuentro con la dirigencia del Cedems y Adep, la diputada María Teresa Ferrín dejó en claro que difundir identidades y DNI sin sumarios concluidos vulnera derechos y desvía el foco de los verdaderos responsables.
El cuerpo parlamentario envió una declaración al Ministerio de Educación para que las investigaciones no se corten por el hilo más delgado. El reclamo apunta a desarticular el negocio detrás de la venta de cursos, la falsificación de firmas y la falta de auditorías en las capacitaciones que dictan los Institutos de Educación Superior.
En paralelo, los legisladores apuraron a la cartera educativa para que formalice las titularizaciones de directivos de secundaria que ganaron sus concursos y siguen esperando la toma de posesión.
Los ejes centrales del reclamo
- Garantías e intimidad: Advierten que la divulgación de nóminas informales genera una condena social previa a cualquier debido proceso.
- Trama oculta: Piden identificar a los organizadores y gestores del fraude con puntajes docentes, más allá del profesor expuesto.
- Filtros a la formación: Exigen los mismos requisitos y auditorías estrictas para las ofertas de los IES que las aplicadas a entidades privadas.
- Cargos trabados: Solicitan acelerar las designaciones directivas pendientes para no vencer los plazos reglamentarios.
