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Diputados opositores dictaminaron a favor recomponer salarios universitarios

Las distintas bancadas de diputados opositores retaron al oficialismo y consiguieron el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de financiamiento universitario para estabilizar el presupuesto, y recomponer salarios y partidas para gastos de funcionamiento-

Tras el emplazamiento votado el miércoles pasado en la última sesión, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica se aliaron y le dieron despacho de mayoría, desafiando abiertamente al presidente Javier Milei, quien ya adelantó que va a vetar la iniciativa si se convierte en ley.

El dictamen de mayoría propone una recomposición de los gastos de funcionamiento para el período 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024, además de un mecanismo de indexación a aplicar desde el 1 de enero de 2025 para que las partidas se vayan actualizando automáticamente de forma bimestral en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En cuanto a los salarios, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá actualizar los salarios de docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley en un porcentaje no inferior a la variación del IPC en ese período.

Además, se establece que en el transcurso de este 2025 deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva.

También se prevé actualización de partidas para programas de extensión universitaria, para hospitales universitarios, para el sistema de Ciencia y Técnica, y actualización de montos de becas por IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.

En tanto, la iniciativa dispone la realización de auditorías para el control administrativo externo de las instituciones universitarias.

El Frente de Izquierda, la UCR y Liga del Interior, cada uno por separado, presentó dictámenes de minoría; mientras que La Libertad Avanza presentó un dictamen de rechazo.

Durante el plenario de comisiones, varios diputados y diputadas resaltaron la necesidad de “recomponer los salarios” docentes, y fue considerado como el “punto más crítico” de la crisis del sistema universitario.

También denunciaron que hay docentes con cargo de ayudante de primera, con hasta 15 años de antigüedad, que cobran apenas 280 mil pesos, una suma que apenas representa el equivalente a los viáticos.

Pablo Carro (Unión por la Patria), autor de uno de los proyectos de ley, proporcionó números alarmantes y dramáticos que reflejan la crisis del salario universitario.

El cordobés reveló que este año renunciaron 10.200 docentes universitarios “porque ganan miseria”, lo que representa el 7% del total.

Además, indicó que el 70% de los docentes cobra menos de 300 mil pesos, y el 20% alrededor de 500 mil pesos.

“Y solo el 10% tienen cargos de dedicación exclusiva y pueden tener salarios de más de un millón de pesos”, describió.

“Con Cristina (Kirchner) presa tengo el salario a la mitad. Conseguimos con Cristina el 82% móvil, y con Cristina firmamos el convenio colectivo de trabajo y me pregunto qué pasará con ese convenio con ella presa”, dijo Carro trayendo a colación la condena judicial a la ex presidenta.

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) indicó que “el ajuste del presupuesto de los salarios y la crisis del sistema universitario es premeditado y fabricado por el propio Gobierno nacional”.

“Van dos años sin presupuesto nacional y por ende dos años sin presupuesto universitario. Dos años sin ningún tipo de previsibilidad para la política universitaria”, añadió.

Al finalizar el plenario de comisiones, el diputado, Alejandro Finocchiaro del PRO, pero casi violeta, cuestionó la iniciativa opositora al sostener que “no corresponde tratar una paritaria” a través de un proyecto de ley, porque implicaría interferir en las negociaciones entre trabajadores y patronales.

El bonaerense opinó que sentaría un “antecedente muy peligroso” porque abriría la puerta para que cualquier otro gremio reclame tratar su paritaria en el Congreso en lugar de resolver sus reclamos en los ámbitos apropiados.

“Distorsionás el mercado laboral. No podés presentar proyectos que no se puedan pagar. Es una total irresponsabilidad para desestabilizar al Gobierno”, consideró.

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