«Nos recibió la ministra y también nos reunimos hoy con la Comisión Interpoderes para expresarles nuestra honda preocupación», dijo a Télam la presidenta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Inés Peña, que estuvo acompañada en ambas entrevistas por Oscar Alfaro.
«Cuando le dijimos que Lesdesma era un grupo muy poderoso, la ministra nos respondió: ‘Será para ustedes un grupo muy poderoso, pero para la Justicia Blaquier es como cualquier otra persona'».
Alarmados por la morosidad que advierten en diversas causas, los referentes subrayaron ante sus interlocutores la «lentitud (para avanzar) en la elevación a juicio de la causa que conocemos como ‘La noche del apagón’”, en la que están imputados Blaquier y también Alberto Lemos, ex administrador del ingenio Ledesma.
En la conversación con la integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, añadió Peña, «le dijimos que ésta es una causa emblemática, con muchas connotaciones sociales, especialmente en la zona del (ingenio) Ledesma», núcleo del mayor grupo empresarial de Jujuy y de uno de los más poderosos del país.
«Cuando le dijimos que se trata de un grupo muy poderoso, la ministra de la Corte nos respondió: ‘Será para ustedes un grupo poderoso, pero, para la Justicia, Blaquier es como cualquier persona'», relató.
Por su parte, Alfaro dijo que la magistrada consideró importante una rápida resolución respecto del juez federal Fernando Poviña, recusado cuando se aprestaba a cerrar la instrucción y elevar a juicio la causa de «La noche del apagón», la operación represiva de 1976 con cientos de obreros y vecinos del Ledesma secuestrados.
La defensa de Blaquier recusó a Poviña, también al fiscal (Eduardo) Villalba y finalmente a todos los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, cuya jurisdicción se extiende a Jujuy.
Por otra parte, hace casi un año habían logrado el apartamiento del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, asunto sobre el cual aún debe pronunciarse la Cámara de Casación.
«Ellos tienen derecho a recusar, está claro, pero nosotros vemos en todo esto no sólo ‘chicanas’ de abogados sino una estrategia con la que procuran, con sucesivas postergaciones, que Blaquier nunca sea juzgado», subrayó Inés Peña.
Poviña ordenó el 15 de noviembre de 2012 el procesamiento de Blaquier y Lemos en una causa caratulada «Burgos, Luis y otros», que investiga la represión de «La noche del apagón».
Blaquier está procesado como “partícipe necesario” en 20 casos de privación ilegítima de la libertad agravada y Lemos, como “partícipe secundario” de los secuestros.
Las mismas inquietudes por demoras respecto de esta y otras causas manifestaron Peña y Alfaro en la reunión de hoy con la Comisión Interpoderes, organismo impulsado por la Corte Suprema e integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la Procuración General, para resolver dificultades en la sustanciación de causas de lesa humanidad.
Recibieron a los representantes del movimiento de derechos humanos jujeños Alfredo Kraut, secretario General y de Gestión de la Corte, y Mariano Borinsky, presidente de la Cámara de Casación, entre otros integrantes de la Comisión Interpoderes.
También participaron de la reunión otros miembros de ese organismo, entre ellos Javier Carbajo, secretario de la Cámara de Casación; Jorge Auat y Carolina Varsky, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y la abogada penalista Elizabeth Gómez Alcorta.
La demora en la elevación a juicio de la causa contra Blaquier, igual que otras por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy, «causa zozobra en nuestras víctimas y en los testigos, que se sienten en una situación de vulnerabilidad”, dijo Inés Peña.
Alfaro, ex preso político y querellante en la causa, señaló a su vez que incluso en algunos testigos se advierte cierto desánimo debido a la morosidad en el avance de las causas de lesa humanidad y a las presiones que reciben. Los referentes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy subrayaron que el avance en estas causas, en especial en la de «La noche del apagón», depende ahora de decisiones que deben tomar la Cámara Federal de Salta y la Cámara Nacional de Casación.