La Libertad Avanza y sus aliados lograron revertir un escenario adverso en la Cámara de Diputados al imponer el dictamen de mayoría para un proyecto de ley propio sobre el sistema de discapacidad, frenando el avance del dictamen opositor que buscaba prorrogar por un año la Ley de Emergencia.
En un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, la propuesta del oficialismo reunió 42 firmas con el respaldo del PRO, la UCR, Producción y Trabajo, el MID, La Neuquinidad y Argentina Federal.
La oposición, articulada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el Frente de Izquierda, alcanzó 36 adhesiones. De este modo, la iniciativa de LLA será tratada en primer término al momento de llegar al recinto.

El proyecto de ley del oficialismo toma diversos elementos de la normativa de emergencia vigente y modifica la postura planteada originalmente en el articulado del Presupuesto Nacional. Durante el debate, legisladores opositores señalaron contradicciones respecto al texto presupuestario enviado por el Poder Ejecutivo y cuestionaron la falta de discusión previa de la propuesta en comisiones.
La jujeña María Inés Zigarán, integrante del bloque Provincias Unidas, advirtió que la iniciativa impulsada por el oficialismo no contó con el análisis técnico del plenario ni con la consulta a los colectivos del sector, señalando además la necesidad de resolver primero la discusión presupuestaria vinculada a las partidas del área.

Detalles del dictamen de mayoría
El texto presentado por la diputada Laura Rodríguez Machado establece el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad y la continuidad de las prestaciones. Entre los puntos principales, dispone que las pensiones no contributivas por invalidez mantendrán su actualización mensual por inflación y la cobertura médica garantizada.
A su vez, la norma incorpora la compatibilidad de la pensión con el empleo registrado, siempre que el haber no supere dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, y establece incentivos impositivos para los empleadores. Asimismo, el dictamen ratifica la validez del nomenclador único de prestaciones y el arancel unificado a nivel nacional.

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