Tras la ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por el Senado, se abre un camino esperanzador no solo para las personas con discapacidad (PCD) y sus familias sino también para quienes brindan servicios de asistencia, traslado y acompañamiento. Sin embargo, persisten los problemas para gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que en Jujuy supone un trámite difícil de concretar.
«Vemos que todavía hay una gota de cordura», reflexionó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Ana Ascárate, integrante del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos de las PCD y de Mujeres Derribando Barreras (Mudeba).
La norma, que había sido vetada por el presidente Javier Milei y fue ratificada por las dos cámaras del Congreso, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
Para Ascárate, los protagonistas son, sin dudas, las personas con discapacidad y sus familias, «que estuvieron en la plaza resistiendo». En ese sentido, remarcó: «Si bien los jubilados no han logrado lo que necesitaban, han estado apoyando muchísimo a la gente con discapacidad y a los familiares y a las instituciones que trabajan con las PCD».
Sobre esto último, recordó que la ley, además de garantizar las pensiones, beneficia en particular a las instituciones que trabajan con las PCD «porque actualiza todo lo que tiene que ver con el cobro de los aranceles de los profesionales».
Respecto de las pensiones, Ascárate relató: «El control de si corresponde o no una pensión es irregular. Las notificaciones no llegaron en tiempo y forma, y a muchos lugares del interior no llegaron». Y marcó dos problemas principales: la centralización y la falta de accesibilidad de los lugares donde hacer los trámites, lo que interpretó es «para que la gente se quede sin la pensión».
En este punto, se abrió una expectativa porque el gobierno nacional suspendió la baja de las pensiones, y queda ver qué medidas concretas se tomarán, si se van a sostener las pensiones ya otorgadas o se va a iniciar otro proceso de control similar, con largas filas de personas con limitaciones, incluso muchas de ellas llegando de madrugada a las oficinas para no perder el turno.
El Gobierno suspendió las bajas de las pensiones mientras dure la auditoría en Andis
Sin datos
Consultada sobre qué cantidad de personas viven en Jujuy con discapacidad, Ascárate afirmó: «Es una incógnita todavía. El Ministerio de Salud debe tener el dato, pero no comparten la información por una cuestión de resguardo». Y recordó que «hay una ley que permite el acceso a la información, si se fundamenta qué es lo que se quiere hacer con esa información».
De todos modos, la explicación que da el Ministerio no tiene justificativo, pues se trata de información que no implicaría la difusión de identidades sino datos estadísticos que permitirían conocer la situación de un sector de la población con vulnerabilidades específicas. «Hay una ley que permite el acceso a la información, si se fundamenta qué es lo que se quiere hacer con esa información.
Ascárate relató que antes del Censo nacional de 2020, se pidió que se incluya una pregunta sobre las personas con discapacidad, pero no fue posible. «Se lo pidió por una necesidad puntual, así como se incluían temas del colectivo LGTB y de las comunidades. No era capricho. Porque además dentro de las comunidades y de los colectivos LGTB también existen personas con discapacidad o con alguna enfermedad crónica o poco frecuente», explicó.
Desde las organizaciones dedicadas a la discapacidad, intentaron también hacer un relevamiento en el marco de las elecciones. «Estuvimos buscando cuando iban a votar, como una cuestión más de decisión solidaria, un censo voluntario con las autoridades de mesa para saber cuántas personas con discapacidad iban, si algunas necesitaban ayuda».
Con este método, llegaron a sumar cerca de mil personas con discapacidad solo en San Salvador de Jujuy, un número que refleja parcialmente la realidad.
Para Ascárate, hablar de discapacidad implica tomar en cuenta otras situaciones que van más allá de las limitaciones que se consideran habitualmente. «Las personas con discapacidad se suman a los adultos mayores. Muchas veces, el común de la gente no interpreta que los adultos mayores también son personas con discapacidad. Separan entre niños, jóvenes y adultos. Y nosotros tratamos de unificar al momento de pedir los apoyos necesarios, herramientas de trabajo, ayudas para una vida común, los traslados, porque se necesitan en todas las edades».
Claro que, insistió, «para poder pedir esos apoyos hay que tener un número».
Gestionar el CUD
Un tema puntual que está entre los pendientes es el trámite para gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Ascárate señaló la necesidad de mejorar el tema de los turnos, porque las demoras hacen que en algunos casos se torne imposible cumplir con los requisitos.
Sobre este punto, describió: «Los estudios médicos que tienen que presentar las personas para realizar su CUD vencen a los 6 meses. Sabemos de las barreras y limitaciones que existen para hacerse un estudio médico, los costos, y más si se tienen que hacer en los lugares públicos, donde los turnos son limitados».
«La verdad es que es poca la gente que llega a hacerse el CUD. La gente del interior muchas veces directamente renuncia», reveló, y planteó la necesidad de que se descentralice el trámite para facilitar el acceso.
La página web del Ministerio de Salud de Jujuy contiene una guía informativa para gestionar el CUD, pero es una publicación de 2018.
Por otro lado, Ascárate aclaró que los servicios a los que se accede a través del CUD «son servicios básicos, no tienen que ver con la fantasía de mucha gente, de adquirir un millón de dólares más o menos».
De acuerdo a datos de 2023 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Jujuy es una de las provincias con menor cantidad de CUD en relación a la población.
El mayor porcentaje de las personas con CUD residen en la provincia de Buenos Aires. Le siguen Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. La distribución arroja el siguiente resultado:
- Buenos Aires: 40,4%
- CABA: 9,6%
- Santa Fe: 7,5%
- Córdoba: 6,7%
- Mendoza: 4,9%
- Tucumán: 3,8%
- Salta: 3,4%
- Entre Ríos: 3,0%
- Chaco: 2,2%
- Rio Negro: 2,0%
- Misiones: 1,7%
- Neuquén: 1,7%
- Jujuy: 1,7%
- San Juan: 1,7%
- Corrientes: 1,7%
- Chubut: 1,4%
- Santiago Del Estero:1,4%
- San Luis: 1,0%
- Santa Cruz: 0,9%
- Catamarca: 0,9%
- Formosa: 0,8%
- La Rioja: 0,7%
- La Pampa: 0,6%
- Tierra Del Fuego: 0,3%