Por Fundación Colsecor. ¿Cuál es el imaginario hoy en día de la discapacidad? ¿Qué es el capacitismo y la discafobia? ¿Qué dicen las estadísticas sobre este colectivo, al que poco se lo representa desde los medios, la publicidad y los discursos públicos? ¿En qué los condiciona el nuevo contexto político del país? Sobre la base de estos interrogantes, la Fundación Colsecor presenta la agenda pública del mes de febrero, bajo la premisa de que es necesario y urgente contemplar la discapacidad no como un problema, sino en clave de diversidad.
Según Naciones Unidas, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad, una cifra que se acerca a los números para Argentina. En el último informe presentado ante el Comité sobre los Derechos de personas con Discapacidad, de la ONU, organizaciones locales de la sociedad civil, señalaban que en nuestro país hay aproximadamente seis millones de personas con discapacidad, es decir, alrededor de un 13% de la población total. Las estadísticas oficiales hablan de un poco menos, pero en base a un relevamiento que se hizo en 2018: el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad del Indec, que se lleva a cabo en las localidades urbanas de 5000 y más habitantes de todo el territorio nacional, que arrojó una «prevalencia de la población con dificultades de un 10,2%».
En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto social de una persona. Actualmente, se entiende que la discapacidad es la sumatoria del estado de salud, o limitaciones de una persona, y la multitud de factores que influyen en su entorno (el lenguaje discriminatorio, la falta de accesos e inclusión, los prejuicios, entre otros).
Mucho más que el lenguaje
Argentina forma parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Unesco, 2008). Uno de los primeros lineamientos se vincula con el lenguaje. El consenso, en ese sentido, es claro: usar la expresión «personas con discapacidad».
Cuando el nombre no corresponde con lo que realmente es, no se hace más que invisibilizar a ese sector, o en el peor de los casos, se emplean términos que estigmatizan y discriminan. Se han difundido conceptos como discapacitado, capacidades diferentes, capacidades especiales y otros más peyorativos y en desuso, como minusválido o inválido. Si bien la sociedad ha desnaturalizado cierto uso del lenguaje, aún hoy algunos términos circulan en diversos ámbitos.
Pero, ¿en qué se diferencia nombrar «personas con discapacidad» a nombrar «discapacitados»? En que el primer término alude a que «la discapacidad es una característica de la persona y no su núcleo, por lo tanto, no la define. El uso incorrecto del lenguaje, así como un enfoque inapropiado, estigmatiza y discrimina. Esto nos atrasa como sociedad», se lee en la Guía de lenguaje adecuado sobre temas de discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En los últimos años, la mirada social hacia el colectivo ha cambiado de forma positiva. Sin embargo, persisten barreras y prejuicios.
Además del uso estigmatizante del lenguaje, un ejemplo paradigmático se da en torno al ámbito laboral: es frecuente el error de señalar que se ausentarán más frecuentemente de su lugar de trabajo. En primer lugar, una persona con discapacidad no significa necesariamente una persona enferma; son términos distintos, y un trabajador con discapacidad puede enfermarse como cualquier otro trabajador. Es más, según distintos estudios realizados en empresas inclusivas, se ha determinado que los trabajadores con discapacidad tienen mejores porcentajes de asistencia que el resto de los empleados contratados.
La realidad es que las personas con discapacidad tienen una preocupación especial por mantener el empleo, y uno de los factores se vincula con el entorno social, las escasas posibilidades de conseguir un puesto de trabajo.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 80% de la población con discapacidad, que representa aproximadamente el 15% de la población mundial, no accede al trabajo formal. En Argentina, según datos recogidos en 2018 por el Indec, y en concordancia con la media ubicada por la ONU, la tasa de empleo es de apenas el 32,2%, es decir, apenas 3 de cada 10 argentinos con discapacidad logra conseguir un trabajo.
Los mismos datos de la ONU revelan que tienen menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas.
Desde 1981, en Argentina contamos con la Ley 22.431, que asegura un cupo laboral de personas con discapacidad en el Estado de un 4%. La realidad es otra: un informe realizado en 2023 por la CGT y su secretaría de Igualdad de Oportunidades muestra que la cifra no se cumple, ya que solo se registra el 0,61% del personal con alguna discapacidad en las plantas permanentes estatales.
Según datos publicados por el Foro Permanente de Discapacidad, las personas con discapacidad empleadas ganan entre 6% y 11% menos por el mismo tipo de empleo que otros trabajadores y presentan una tasa de informalidad más alta. La brecha salarial entre quienes tienen y quienes no tienen una discapacidad es un fenómeno documentado también en otros países, señala Daniel Flier para Redacción, además de existir una subrepresentación de las personas con discapacidad en puestos jerárquicos.
Esa discriminación obedece a prejuicios y falta de predisposición social, y desde hace un tiempo lleva una etiqueta: se conoce como capacitismo al proceso que implica pensar que las personas con discapacidad no pueden tener un desarrollo intelectual o de competencias semejantes a otras personas sin discapacidad.
Distintos estudios dan cuenta de que vivimos en una sociedad capacitista. Otros trabajos académicos van más lejos y hablan de discafobia: una actitud muy instalada que tiene que ver no solamente con la discriminación y estigmatización de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sino con el rechazo, miedo y aversión que genera una persona con esta característica.
¿Cuántas personas con discapacidad vemos en la tele, en el cine, en las publicidades? ¿Cómo eso influye en la identidad de las personas con discapacidad? Falta representación, visibilidad; entender a las personas con discapacidad como parte de la diversidad que implica una sociedad, y no como unos seres especiales, unos héroes a pesar de su condición, o víctimas de una disfunción social.
Discapacidad en emergencia
Se calcula que en Argentina hay cerca de un millón y medio de personas registradas oficialmente como personas con discapacidad, es decir, sólo el 25% de quienes tienen algún discapacidad posee Certificado Único de Discapacidad (CUD), un paso fundamental para que puedan acceder a prestaciones médicas, transporte, cupos laborales, entre otros derechos previstos en las Leyes Nacionales 22.431 y 24.901.
Identificar cuántas personas con discapacidad existen en el país y cómo están distribuidas geográficamente brindaría datos para políticas sanitarias más inclusivas.
La cobertura en salud es una de las principales falencias para este grupo: según datos del Indec, el 21,4% no tiene obra social, prepaga ni plan estatal de salud.
La región Patagonia es la que presenta el mayor porcentaje de población con discapacidad que cuenta con certificado vigente (39,5%), mientras que Gran Buenos Aires ostenta el mayor porcentaje de población que no tiene certificado (sólo el 31%tiene CDU). Las regiones Patagonia y Pampeana muestran, para la población con discapacidad, los mayores porcentajes de cobertura de salud a través de obra social o PAMI respecto del total del país (69,5% y 67%, respectivamente).
El Gran Buenos Aires concentra el porcentaje más elevado de población con discapacidad que cuenta con prepaga a través de una obra social o solo por contratación voluntaria (12,8%).
El Noreste y Noroeste son las regiones que presentan los porcentajes más altos de población con cobertura de programas o planes estatales de salud (20%, y 14,4% respectivamente). Asimismo, la región Noreste cuenta con el mayor porcentaje de población que no tiene obra social, prepaga ni plan estatal (27,5%).
Más allá de estos datos, desde las ONG aseguran que aún falta información precisa y actualizada para construir un mapa federal de la discapacidad. Varias voces salieron a cuestionar que el Censo 2022 no incluyó la palabra discapacidad en su cuestionario y en su lugar empleó términos como «dificultad» o «limitación». Nuevamente la cuestión del lenguaje y los prejuicios. De todos modos, el censo no solo omitió el término discapacidad sino también la segmentación por edad, por sexo (masculino, femenino o autopercibido) o si la dificultad o limitación es transitoria o definitiva; si es de nacimiento o adquirida, entre otros datos imprescindibles para la elaboración de políticas públicas.
Por otro lado, diversas organizaciones y foros empezaron este 2024 alertando sobre las dificultades que el contexto político económico de Argentina imprime sobre el colectivo de personas con discapacidad, y las medidas que intenta aprobar la actual gestión van no solo en desmedro de los derechos ya conquistados, sino que ponen en jaque las prestaciones que brindan varias de las instituciones.
Por ejemplo, el sector transportista se encuentra en una situación muy crítica, ante los exponenciales aumentos del precio del combustible. El transporte es un servicio fundamental para trasladarse a las distintas terapias o, en el caso de niños y adolescentes, para acudir a los establecimientos educativos.
Otra gran preocupación se vincula con la prestación de profesionales médicos del área. Además, tal como menciona el Foro Permanente de Discapacidad, «los aranceles de las prestaciones no se condicen con la inflación actual y los servicios peligran. La brecha entre los aumentos de aranceles y los incrementos en los costos operativos es insostenible».
Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad también sostuvieron que hay «un retroceso de las políticas». Solo por citar un tramo del reclamo público: «Llama la atención que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) deje de estar en la Secretaría General de la Presidencia, pasando a Jefatura de Gabinete, y que sus directores sean personas sin discapacidad», señaló la ONG en las audiencias de la sociedad civil, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, que tuvieron lugar durante el mes de enero.
Varias organizaciones manifestaron su preocupación en un detallado documento público cuyos ejes principales son salud, empleo, género, seguridad sociales y prestaciones para personas con discapacidad.
Cripwashing y supercrips
Algunas nociones sirven para desarticular ciertas prácticas políticas y ciertos prejuicios sociales, como los términos cripwashing y supercrips.
En el primer caso, «crip» hace referencia a «tullido», «lisiado», mientras que «washing», refiere a «lavado». Por lo cual, el cripwashing es utilizar a la discapacidad para limpiar la imagen de una persona, un partido o una organización, o simplemente dar una buena impresión que en realidad es falsa, por ejemplo, simulando ser un funcionario comprometido con la inclusión sin haber incorporado en su espacio personas con discapacidad.
Por otro lado, supercrips es una abreviación de «supercriples» («superdislisiados») y se utiliza cuando se elogia a aquellos «héroes» que, a pesar de su discapacidad, pudieron sortear barreras, integrarse al resto de la sociedad y triunfar, como si ello implicara una responsabilidad individual (el coraje, el adaptarse, la determinación, el esfuerzo) y no una responsabilidad social.
Tal como muestra este trabajo académico, son dos estrategias de marketing, ya que apuntan hacia un mismo objetivo. Por un lado, el cripwashing permite encubrir políticas antiderechos gracias a una pantalla publicitaria que simula la inclusión de las personas con diversidad funcional; por el otro, la figura de supercrips refuerza ese mecanismo bajo el discurso de que pueden acceder a los mismos logros que cualquier otra persona si se esfuerzan y se adaptan e imprime «un orden socioeconómico meritocrático».
La serie argentina de Netflix «División Palermo» da cuenta de ambos fenómenos. En clave de comedia, la serie relata el día a día en una guardia urbana integrada en su mayoría por personas con discapacidad. Pero lo que parece una propuesta estatal de inclusión se muestra desde el inicio como una simple estrategia de marketing.
Sin embargo, la serie no se queda ahí. Aborda, además de la inclusión laboral, los prejuicios y burlas habituales, la sexualidad de las personas con discapacidad (en particular de las mujeres) y la condescendencia e infantilización que experimentan en lo cotidiano.
En ese sentido, la Fundación Gabo destaca que las personas con discapacidad «tienen retos, talentos, ambiciones, frustraciones, como cualquiera. Cometen errores, tienen aciertos. No son buenos per se ni tampoco son menos valiosos que otros seres humanos». Son, en definitiva, sujetos de derechos, tal como lo establece la Convención Internacional de Naciones Unidas, de la cual Argentina es parte: derecho a formar una familia, a la autonomía, al empleo libre, a la educación en igualdad, a la salud, a la capacidad jurídica, a la no discriminación. Es responsabilidad del Estado, y una deuda pendiente como sociedad, disminuir los obstáculos para que las personas con discapacidad puedan vivir una vida plena.