A raíz de este exhorto, y por medio de la Resolución Nº 2041/14, la Administración General de la Dirección Nacional de Vialidad aprobó el Convenio denominado «Colaboración en Políticas para la Integración de Personas con Discapacidad en la Red Vial Nacional Concesionada», suscripto entre el OCCOVI, la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Dicha resolución dispone la exención del pago de la tarifa de peaje para aquellos vehículos que circulen con el Símbolo Internacional de Libre Tránsito y Estacionamiento; además resuelve que INADI y CONADIS notifiquen al OCCOVI sobre la existencia de actos discriminatorios en el ámbito de la Red Vial Nacional Concesionada y que a dicho Organismo de Control le corresponde llevar a cabo el control del cumplimiento de las políticas y lineamientos que dicta la Dirección Nacional de Vialidad quien continuará con el dictado de medidas tendientes a promover la integración social y el desarrollo de las personas con discapacidad que circulen como usuarios en la Red Vial Nacional Concesionada.
La investigación en relación a la presente problemática, se inició por la derivación de una queja al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, fue realizada por una ciudadana que reclamó por la denegatoria de Autopistas del Oeste S.A. a aplicar el descuento por discapacidad contemplado en la Ley Provincial Nº 13.952, argumentando que no abarcaba a la concesionaria en cuestión.
Además, esta Institución ha recibido quejas de discapacitados que plantean similares situaciones relacionadas con la negativa a eximirlos del pago de peajes, tanto en rutas nacionales como en las autopistas que conforman la red de acceso a la ciudad de Buenos Aires, pues el marco normativo vigente en las concesiones viales a cargo de OCCOVI, no prevé la franquicia de pago de la tarifa de peaje para personas con discapacidad, y en la normativa nacional de protección integral de las personas con discapacidad, tampoco se encuentra prevista la exención del pago.
El Defensor del Pueblo de la Nación está convencido que el completo y efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad sólo es posible con la plena y autónoma utilización en condiciones de seguridad del espacio físico en el cual éstos se ejercen, y que las personas con discapacidad continúen abonando los peajes, constituye una clara desprotección de sus derechos y una afectación a sus intereses económicos garantizados por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Cabe destacar que esta vulneración de los derechos, impide llevar adelante una efectiva equiparación de posibilidades.
Es por este motivo que el Defensor del Pueblo de la Nación se compromete a colaborar con los organismos competentes en la elaboración de políticas públicas y medidas concretas para la inclusión e integración social de las personas con discapacidad.