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El Gobierno nacional recordó que la vacunación contra el coronavirus es optativa y rechazó las medidas punitivas propuestas desde la Unión Industrial Argentina (UIA) para aplicar contra los empleados que desistan de inmunizarse. Se trata de una iniciativa similar a la ya dispuesta por el gobierno de la provincia de Jujuy, que obliga a los trabajadores estatales a presentar la constancia de haberse vacunado, y de lo contrario no se les permite asistir a su empleo y se le descuenta el día.
El jefe de Gabinete Santiago Cafiero sostuvo este jueves que «no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas», al rechazar la iniciativa del titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien había planteado que las empresas no abonen los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus.
En igual sentido se expresó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien restó importancia a los dichos del dirigente empresario al considerar que «la mayor parte de la población argentina entiende la importancia de la vacunación».
La CGT también rechazó la iniciativa: «El salario no puede estar en juego por no vacunarse», dijo el secretario general Héctor Daer en declaraciones a Radio La Red, quien fue tajante al afirmar que «no corresponde» descontar salario y recordar que se trata de una vacunación «optativa».
«Vamos a continuar con la vacunación de modo optativo», reforzó Daer y añadió que existe «una gran aceptación por parte de la población» de la inmunización contra el coronavirus por lo que «no puede haber una política de sanción, vinculada a eso, más si la vacuna es optativa».
Esta semana, Funes de Rioja opinó sobre la situación de aquellos trabajadores que no deseen vacunarse y expresó que «en esos casos cesa la dispensa y también la remuneración». Para la CGT, imponer sanciones de ese tipo «no es el camino adecuado».
«Lo de no pagar los sueldos a los que no se vacunen es un debate absurdo. Habla mucho de dónde cayó la UIA», enfatizó Daer.
En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, manifestó hoy la discrepancia de esa entidad respecto de postura de Funes de Rioja. «Somos muy respetuosos del derecho individual de la autodeterminación; si alguna persona decide no vacunarse no está cometiendo ningún delito, más allá de que el escenario ideal sería que el 100% de los argentinos estemos todos vacunados», dijo en declaraciones a Radio La Red.
«Si el Estado considera que las personas que no se vacunan son un riesgo para la comunidad en general, va a tener que actuar en consecuencia. Pero eso es potestad del Estado, el empleador no tiene potestad si el empleado se presenta a su trabajo de impedirle trabajar, y menos aún de descontarle el salario, porque eso seguramente va a terminar en un litigio judicial y eso es muy malo para todos», expresó.
Por su parte, José de Mendiguren, miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), subrayó que «no es legal» la propuesta de Funes de Rioja y que fue una «opinión personal» y no un planteo de la entidad.
«¿Puedo yo tomar esta medida como industrial? No, definitivamente no», afirmó a radio Del Plata, al tiempo que remarcó: «No puedo obligar a vacunar ni puedo no pagar el sueldo al que no lo quiera hacer. Esto es legal, no es un tema opinión».
«Yo no conozco en la Argentina trabajadores que no se quieran vacunar, ni en mi fábrica, ni en la de mis amigos. No es la generalidad», aseguró De Mendiguren.
