Referentes de comunidades indígenas y docentes fueron imputados del delito de «homicidio culposo» en la causa que investiga la muerte de una turista en Abra Pampa que se descompensó el 9 de julio pasado cuando el micro en el que viajaba debió detenerse por el corte de ruta en protesta contra la reforma constitucional.
En total, son 23 las personas acusadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Algunas de ellas ya habían sido imputadas en otros expedientes, como el que se inició a partir de la protesta de la noche del 30 de junio al 1 de julio ante el Concejo Deliberante de Humahuaca, que culminó con una fuerte represión policial que, entre otras consecuencias, le costó la pérdida de un ojo a Joel Paredes.
Además, sobre muchos de los acusados de homicidio culposo pesan también causas contravencionales, aunque algunas de estas se fueron cayendo por falta de pruebas.
«Nos están amedrentando, persiguiendo, pero no nos rendimos, no tenemos miedo. Seguiremos diciendo No a la reforma y pidiendo la intervención de la provincia, y vamos a continuar con la lucha hasta que el gobernador Gerardo Morales pague por sus delitos», advirtió Mercedes Maidana, docente indígena, en conferencia de prensa en la puerta del MPA al salir este jueves de la audiencia a la que asistió junto a otros imputados y sus defensoras.
Lorena Mamaní, una de las abogadas que representan a los acusados, calificó de «bochorno» la acusación de homicidio culposo, mientras que su colega Silvana Llanes describió la situación como «una aberración jurídica».
«Es la forma que tienen de acallar al pueblo. En la provincia no existen las garantías constitucionales, no existe el estado de derecho, no hay división de poderes. El gobernador usa todas las artimañas para acallar al pueblo», definió Llanes.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Mamaní relacionó esta nueva acusación con los hechos de la noche del 30 de junio al 1 de julio en Humahuaca, donde 23 personas están acusadas de sedición, resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad, lesiones agravadas y daños en el patrimonio de dominio público.
«Ahora ampliaron la imputación a ‘instigación a cometer delitos’. Lo llamativo es que figuran páginas de Facebook y grupos de WhatsApp donde han identificado a usuarios que se manifestaban frente a lo que estaba pasando en la ciudad de Humahuaca, por lo que se entiende que ha habido un gran trabajo de inteligencia por parte de la policía», detalló la abogada.
Esta ampliación se suma a la acusación por homicidio culposo, lo que Mamaní describió como «una situación procesal agravada en muchos de los referentes».
«Intentan responsabilizar a personas que no está probado que estuvieran en el lugar. Es una causa que no tiene gollete. Es un escándalo», afirmó.
Pero eso no es todo. Mientras muchos de los involucrados en la causa de Humahuaca se encuentran también en la de homicidio culposo, muchos imputados en la de homicidio se encuentran involucrados en el expediente vinculado a la protesta en el corte de Purmamarca del 17 de junio, donde se desplegó una feroz represión.
Para Mamaní, esta intrincada ingeniería de acusaciones «muestra que hay un direccionamiento de las acusaciones a los miembros de las comunidades originarias que reclaman contra la reforma constitucional y defienden los recursos naturales, los derechos que reclaman históricamente».
Esta superposición de causas penales, a las que en algunos casos se suman además contravenciones, implica para la abogada la continuidad silenciosa del proceso persecutorio y represivo. «Habrá que estar con entereza y fortaleza de todos para atravesar esta instancia», reflexionó.
En tanto, sindicatos docentes y el Tercer Malón de la Paz rechazaron imputación a 23 personas por la muerte de la turista en Abra Pampa y aseguraron que la causa busca «la detención mediante una grave pena privativa de la libertad».
La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) afirmó que entre los imputados hay docentes que estaban ejerciendo el derecho a huelga, mientras que la acusación «intenta sostener que tales hechos se produjeron a consecuencia de la protesta realizada». En un comunicado, consideraron que «se trata de un acto de criminalización del derecho a la huelga llegando al extremo de pretender la detención mediante una grave pena privativa de la libertad».
En otro párrafo, señalan: «Nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho de huelga en el artículo 14 bis, por su parte también lo hace la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 23.551 y el Estatuto Docente. Todas estas leyes garantizan nuestros derechos sindicales. El derecho a huelga no debe ser limitado ni restringido ilegalmente».
Por su parte, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) pidió «basta de amedrentar y perseguir a los que luchan» y expresó «el apoyo a nuestra compañera Mercedes Maidana».
La semana pasada, fueron imputadas 23 personas por la muerte de Virginia Flores Gómez, ocurrida el 9 de julio pasado cuando viajaba en un colectivo de larga distancia que circulaba por la ruta 9 y quedó varado en Abra Pampa a raíz del corte que realizaban comunidades indígenas en protesta contra la reforma constitucional.
La mujer, de nacionalidad boliviana, sufrió una descompensación dentro del vehículo. Posteriormente fue atendida por el SAME y falleció en trayecto al hospital de esa localidad de la Puna donde se intentó reanimarla. Por el hecho, el Gobierno provincial denunció penalmente a los comuneros que realizaban protestas en la ruta 9 a la altura de Abra Pampa, Purmamarca, Humahuaca, Uquía y Tilcara.
«A simple vista, se puede ver claramente que es una causa armada, por el Poder Judicial de Jujuy a las órdenes del dictador Gerardo Morales que va en desmedro de la lucha genuina del reclamo ampliamente legítimo, del pueblo de Jujuy que salió a las calles, a las rutas», expresó en un comunicado el Tercer Malón de la Paz.
En tal sentido, afirmó que buscan culpabilizar a «hermanos que nada tienen que ver, mencionando además lugares y tiempos equívocos. Es una acusación totalmente cargada de falsedad y de muy mala fe».
«Demostraremos una vez más, que la Justicia manejada por el Gobierno de Jujuy miente, avasalla, persigue y amedrenta», finalizaron.