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El Poder Ejecutivo nacional fue obligado por la Justicia Federal a aplicar de forma inmediata y sin más dilaciones la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) en todo el territorio argentino.
La medida fue dictada por el Juzgado Federal de Campana, que declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025. Este decreto había sido la herramienta utilizada por el Gobierno para suspender la puesta en marcha de la ley, aduciendo la necesidad de definir primero el origen de los fondos.
Impacto colectivo: El derecho no se suspende
La resolución judicial tiene alcance colectivo y general, abarcando a la totalidad de las personas con discapacidad que cuentan con el Certificado Único (CUD), a sus familiares y a todos los prestadores de servicios en el país.
La Ley 27.793, sancionada en 2025, declara la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. Su objetivo principal es garantizar la continuidad de tratamientos, mejorar el financiamiento y sostener servicios esenciales de salud, educación, transporte y acompañamiento, que habían quedado en riesgo por la suspensión.
El fallo remarca que el decreto no podía dejar sin efecto una ley ya sancionada y ratificada por el Congreso. Además, enfatiza la obligación reforzada de protección que tiene el Estado hacia las personas con discapacidad, citando estándares internacionales.
La casa Rosada debe garantizar a los discapacitados
Con esta decisión, el Gobierno nacional está obligado a:
- Poner en marcha la ley: Terminar con la suspensión y ejecutar plenamente la Ley de Emergencia.
- Garantizar el financiamiento: Asegurar los recursos para las prestaciones y evitar recortes o demoras que afecten la atención de niños, niñas y adultos.
- Adecuar organismos: La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y otros entes deberán ajustar sus decisiones a lo que dispone la nueva normativa.
Organizaciones del sector celebraron la sentencia, calificándola como un precedente fuerte y un mensaje claro: los derechos vinculados a la salud y los apoyos no pueden quedar sujetos a indefiniciones presupuestarias o decisiones meramente administrativas.
