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Los ecuatorianos votan este domingo una batería de enmiendas constitucionales promovidas por el presidente Guillermo Lasso en un referendo entendido también como un termómetro popular sobre su labor al frente de Ecuador.
En paralelo al referendo, 13,4 millones de ecuatorianos habilitados elegirán unas 5600 autoridades provinciales y distritales, en elecciones en las que el Gobierno y la oposición también medirán hasta dónde llegan su representatividad y su fortaleza.
Muchos de los candidatos con más posibilidades son leales al expresidente Rafael Correa, todavía una figura popular en el país sudamericano pese a residir fuera del país y tener varias causas abiertas.
La presidenta del Comisión Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dio por inaugurada una votación en la que podrán participar también 400.000 ecuatorianos que residen en el extranjero.
El presidente Lasso también participó del acto de apertura, ensombrecido por el asesinato, en las últimas horas, del correísta Omar Menéndez candidato a la alcaldía de Puerto López, en un ataque a tiros que también ha costado la vida a una menor de 16 años.
«Independientemente de cualquier circunstancia, siempre estaré del lado de la defensa de la vida. Expreso mi pesar a sus familiares y también al partido político que él representaba en Puerto López», lamentó el mandatario.
Realmente es una pesadilla lo que está pasando en Ecuador.
¡Qué te hicieron Patria! pic.twitter.com/FNdN6H40bi— Rafael Correa (@MashiRafael) February 5, 2023
En cuanto al referendo, Lasso dijo que esperaba asumir «con madurez» los resultados» por «amor al país». «Nadie tiene derecho a irrespetar la democracia. Nadie tiene derecho a desconocer la voz del pueblo», dijo.
Lasso pretendía hacer en simultáneo un referendo y una consulta popular, pero la Corte Constitucional dio de baja las tres preguntas de la consulta y solo habilitó las del referendo, vinculadas a aspectos constitucionales.
La diferencia técnica entre uno y otro mecanismo es que la consulta es sobre temas de interés general pero sin incidencia en la estructura constitucional.
Las preguntas
La primera de las ocho preguntas que figuran en una papeleta plantea qué ecuatoriano podrá ser extraditado y bajo qué condiciones. Actualmente, la extradición está prohibida en la Constitución.
La segunda pregunta es la iniciativa del Gobierno de crear un Consejo Fiscal que reemplace al actual Consejo de la Judicatura y seleccione, designe, promueva, sancione o destituya a los fiscales.
La campaña del No -que agrupa al correísta Movimiento de Renovación Ciudadana, Unidad Popular, al Socialista y a las centrales gremiales de trabajadores y de la educación-, interpreta que esta segunda pregunta es una estrategia del Gobierno para prorrogar los mandatos de los fiscales que le son afines y remover o postergar a los que no lo son.
La pregunta tres es sobre la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional, que tiene 137 asambleístas y que en 2025 podrían elevarse a más de 150 si, como manda la Constitución, se tiene en cuenta el crecimiento demográfico.
En este punto, la intención del Ejecutivo es que el número de habitantes necesario para cada escaño sea mayor y se logre así una representatividad más equitativa, porque considera que actualmente están sobrerrepresentadas las zonas rurales y subrepresentadas las urbanas.
El cuestionario se mete en el punto cuatro con los partidos políticos, para los que quiere establecer un mínimo de afiliados del 1,5% del padrón electoral de la jurisdicción en la que estén inscriptos. De esta forma, apuesta a reducir los 272 movimientos políticos actuales, que muchas veces son solo sellos funcionales a candidatos que no tienen una estructura propia.
La pregunta cinco propone traspasar a la Asamblea Nacional las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que fue creado en 2008 por el entonces presidente Correa, como un consejo independiente de siete ciudadanos elegidos por votación universal que debían designar autoridades como el fiscal general, el contralor, los vocales del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral.
Lasso quiere que todas esas autoridades pasen a ser designadas por la Asamblea, bajo el argumento de que no dependerá del voto de una mayoría de solo cuatro personas y evitar así la concentración de poder.
Esta idea, complementaria del traslado de funciones al Parlamento, está contenida en la pregunta seis.
La séptima pregunta es sobre la propuesta de crear un sistema de áreas de protección hídrica para salvaguardar las fuentes de agua y acuíferos del país, bajo la administración del Estado.
Y la octava y última pregunta es sobre la creación de un sistema de compensación por servicios ambientales.
