La crisis social en Ecuador escaló drásticamente este domingo al confirmarse la muerte de un manifestante indígena por impacto de bala en la provincia de Imbabura, en el contexto de las protestas antigubernamentales que cumplen siete días.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció el fallecimiento de Efraín Fueres, un comunero indígena que murió en un hospital tras ser herido en Cotacachi. La organización rechazó categóricamente el uso letal e ilegítimo de la fuerza y exigió una investigación inmediata para determinar responsabilidades en el crimen.
La movilización nacional impulsada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra las medidas del presidente Daniel Noboa entró este lunes en su octavo día, marcada por el recrudecimiento de la violencia y una creciente presencia militar en varias provincias.
Imbabura se mantiene como el centro de las protestas, con carreteras cerradas que han provocado escasez de combustible y otros insumos básicos. En cantones como Cotacachi y Otavalo, el Gobierno desplegó operativos policiales y militares con el fin de retomar el control de las vías.
En Quito, la capital, se vivieron los primeros cierres de calles en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y al asesinato de Efraín Fuerez, dirigente indígena que falleció tras recibir el impacto de un proyectil durante una protesta en Pinsaqui, en Imbabura.
Organizaciones de derechos humanos, como Inredh, responsabilizaron a las Fuerzas Armadas del asesinato de Fuerez.
La grave situación de violencia generó una ola de alertas internacionales contra el Gobierno de Daniel Noboa. Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, expresó su profunda preocupación. La funcionaria denunció que el Ejecutivo ecuatoriano “parece haber emprendido una persecución contra la sociedad civil”, alertando sobre el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias de los manifestantes.
Por su parte, la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC), adscrita a la Ecuarunari y a la Conaie, anunció su incorporación inmediata al paro nacional en Cañar.
A través de un comunicado, la organización hizo un llamado a la unidad de los pueblos y comunidades, anunció la implementación de corredores humanitarios y advirtió que no permitirá la presencia de representantes del Ejecutivo en su territorio, a quienes acusan de buscar dividir al movimiento indígena.
Con una semana de protestas, bloqueos y represión, el paro indígena se ha consolidado como la mayor muestra de resistencia a la política económica del Gobierno de Noboa, mientras el descontento social se extiende y la tensión crece en varias regiones del país.
La voz del Gobierno
El Gobierno de Ecuador rechazó los actos de violencia registrados el fin de semana en el cantón de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, en el contexto del paro nacional convocado por el movimiento indígena contra la eliminación del subsidio al diésel, afirmó la vocera presidencial, Carolina Jaramillo.
«El Gobierno nacional encabezado por el presidente Daniel Noboa, rechaza tajantemente los actos de violencia registrados en Cotacachi (…) estos actos terroristas disfrazados de protesta no son pacíficos», dijo Jaramillo en su habitual rueda de prensa semanal.
La portavoz del Gobierno se refirió a los enfrentamientos ocurridos el fin de semana pasado entre manifestantes y la fuerza pública en Cotacachi con saldo de un comunero fallecido, según denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
De acuerdo con el Gobierno de Ecuador, la «emboscada» a un convoy que transportaba alimentos para abastecer zonas necesitadas de la sierra norte dejó 12 militares heridos y 17 desaparecidos.
«Hay 17 militares que han sido secuestrados y seguimos sin conocer cuál es su paradero, ni el estado en el que ellos se encuentran», apuntó la vocera presidencial, tras proyectar videos sobre el nivel de violencia con el que según la exposición actuaron los manifestantes.
Respecto a la primera víctima mortal del paro, una persona identificada como Efraín Fueres, la vocera señaló que el asunto debe ser investigado por los organismos competentes.
Añadió que en el paro existe una escalada de violencia por parte de grupos «terroristas» infiltrados en las manifestaciones, que buscan el enfrentamiento «entre el pueblo ecuatoriano».
Señaló en ese sentido que para proteger la vida de los ecuatorianos, la noche del domingo ingresó un convoy humanitario a la provincia de Imbabura, epicentro del paro indígena.
Jaramillo rechazó los ataques al convoy encabezado por el presidente, Daniel Noboa, la retención de servidores públicos y la destrucción de bienes públicos y privados.
«Esto ya no es una protesta, son delitos que amenazan la vida y la convivencia de los lugares donde estos hechos están sucediendo», subrayó la funcionaria, al recalcar la postura del Gobierno de Ecuador de no negociar con los indígenas para frenar las manifestaciones.