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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una serie de medidas para facilitar el acceso a medicamentos a mujeres que soliciten abortar, al cumplirse 50 años de un histórico fallo que protegía el aborto en todo el país y que fue revocado en junio pasado por la Corte Suprema.
La anulación del histórico fallo de 1973 del caso Roe contra Wade dejó el tema del aborto en manos de los estados y desde entonces, estados gobernados por el conservador Partido Republicano prohibieron o restringieron la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, el gobierno federal goza de ciertas competencias, como las aprovechadas ahora por Biden, quien ordenó a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos que establezca una nueva guía de apoyo a proveedores y farmacias para distribuir a las pacientes los medicamentos que necesiten.
El memorándum presidencial también ordena la puesta en práctica de una nueva guía para garantizar un acceso seguro a estos medicamentos en farmacias «libres de amenazas y violencia», informó la agencia de noticias Europa Press.
El mandatario demócrata lamentó este domingo que la decisión de la Corte «arrebata al pueblo estadounidense un derecho constitucional» a pesar de que «las mujeres deberían poder tomar estas decisiones profundamente personales sin interferencias políticas».
«Sin embargo, los republicanos en el Congreso y en todo el país continúan presionando para que se prohíba el aborto a nivel nacional, para criminalizar a los médicos y enfermeras y para dificultar el acceso a los métodos anticonceptivos; es peligroso, extremista y completamente ajeno a la realidad», lamentó.
Biden pidió al Congreso que dé luz verde a una iniciativa para codificar todas las protecciones de Roe contra Wade en forma de ley federal como «la única forma en que el derecho de la mujer a elegir en todos los estados del país podrá ser garantizado».
«No he dejado de luchar para proteger los derechos reproductivos de las mujeres, y nunca lo haré», tuiteó más tarde Biden, e insistió en que «el derecho de las mujeres a elegir no es negociable».
Más tarde, la vicepresidenta Kamala Harris dio un esperado discurso en Tallahassee, capital de Florida, estado del gobernador republicano Ron DeSantis, quien anticipó que impondrá restricciones al acceso a la píldora abortiva, que fue aprobada por primera vez por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) hace más de dos décadas.
Harris tildó la revocación del fallo de Roe contra Wade de «privación de derechos» en un país cuya constitución reconoce la libertad y la persecución de la felicidad como valores fundamentales, durante el acto que encabezó en la sala de conciertos The Moon. «¿Cómo se puede ser libre si una mujer no puede decidir, si un médico no puede atender a su paciente y si una persona no puede dirigir el curso de su propia vida?», cuestionó, según difundió la Vicepresidencia en sus cuentas en redes sociales.
En la misma línea, invitó a todos los estadounidenses a sumarse a la lucha para preservar los derechos reproductivos y destacó las nuevas medidas tomadas por el Gobierno para garantizar el acceso a píldoras abortivas prescritas por médicos en farmacias certificadas de todo el país.
La vicepresidenta criticó duramente a quienes «se dicen líderes», en referencia a los gobernadores que restringen los derechos de las mujeres a decidir sobre su embarazo y penalizan, incluso con penas de cárcel, a los profesionales de la salud por atenderlas. «Aquí en Florida, los proveedores de servicios de salud se enfrentan a penas de prisión de cinco años solo por simplemente hacer su trabajo y ahora el estado ha puesto el objetivo en las medicinas abortivas y ha amenazado a las farmacias con cargos penales si suministran esas medicamentos prescritos por médicos», señaló.
Según Harris, hay 22 estados, incluido Florida, que afirmaron que no acatarán las nuevas reglas federales que permiten a las mujeres obtener medicamentos prescritos por sus médicos en farmacias certificadas.
Fallo histórico
El histórico fallo de Roe vs. Wade garantizó durante 49 años el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Estados Unidos, luego de que el 22 de enero de 1973 la Corte Suprema la considerara como un derecho protegido por la Constitución. La demanda había sido interpuesta en 1969 por una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, quien bajo el seudónimo de Jane Roe decidió desafiar la ley del sureño estado de Texas que prohibía el aborto, salvo si la vida de la madre estaba en riesgo.
La defensa del estado conservador fue asumida por Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas, por lo que esta batalla legal paso a ser conocida como Roe vs. Wade.
McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz. En 1973, su apelación llegó al máximo tribunal, donde su caso se escuchó junto con el de una mujer de 20 años del sureño Georgia, Sandra Bensing. Ambas argumentaron que las leyes de aborto en dichos estados eran contrarias a la Carta Magna porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad.
Tras escuchar los alegatos, los jueces de la Corte terminaron dando la razón a estas mujeres y, con una mayoría de siete a dos, dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir la IVE por considerarla un derecho protegido por la Constitución.
Sin embargo, su mayor garante durante casi medio siglo pasó a ser su verdugo el pasado 24 de junio, cuando avaló la demanda presentada por el sureño estado de Mississippi, que pidió abolir la sentencia de los años 70 para poder aplicar una prohibición al aborto después de las 15 semanas de embarazo.
Este cambio de paradigma se dio gracias a la mayoría conservadora de seis magistrados de los nueve totales que pasó a tener el alto tribunal en octubre de 2020, tras el nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett por el entonces presidente Donald Trump. Desde entonces, el aborto volvió a quedar en manos de los gobiernos de los estados y 18 de los 50 ya impusieron restricciones, dejando a una de cada tres personas en edad reproductiva sin acceso a la IVE.
