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Donald Trump y otras 18 personas fueron imputadas por intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, la cuarta inculpación para el expresidente de Estados Unidos y favorito a ganar la candidatura presidencial de su Partido Republicano en 2024.
La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, inculpó a los 19 acusados en virtud de una ley vigente en Georgia sobre la delincuencia en banda organizada, que se suele usar contra las pandillas, y prevé penas de entre cinco y 20 años de prisión.
En rueda de prensa en Atlanta, capital de este estado del sureste del país, la fiscal anunció anoche que daba a Trump y los demás acusados hasta el 25 de agosto «para entregarse voluntariamente» a la Justicia de Georgia.
«¡Caza de brujas!», dijo Trump en su red social Truth Social en referencia a la decisión judicial sobre las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por el presidente Joe Biden, del Partido Demócrata, aspirante a la reelección en 2024. «¡Me suena a amañada! ¿Por qué no me inculparon hace dos años y medio? Porque querían hacerlo justo en medio de mi campaña política», agregó Trump sobre la imputación.
Trump promete publicar un informe «irrefutable» sobre el «fraude electoral en Georgia» que «debería hacer que se retiren todos los cargos».
La fiscal dijo que quería juzgar a los 19 acusados, incluido el exjefe de Gabinete Mark Meadows y su abogado personal Rudy Giuliani, en un mismo juicio «dentro de seis meses», pero recordó que es el juez quien fija la fecha. «Georgia, como todos los estados, tiene leyes que permiten a aquellos que creen que los resultados de una elección están equivocados (…) impugnar esos resultados en nuestros tribunales estatales», declaró.
«La acusación formal alega que, en lugar de acatar el proceso legal de Georgia para impugnaciones electorales, los acusados se involucraron en una empresa de crimen organizado para anular el resultado de la elección presidencial de Georgia», añadió.
La acusación contiene un total de 41 cargos, que incluyen declaraciones falsas, usurpación de cargo público, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, presión a testigos, una serie de delitos informáticos o incluso perjurio.
La investigación comenzó por una llamada telefónica de enero de 2021 -cuya grabación se ha hecho pública- en la que Trump pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que «encontrara» unas 12.000 boletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia.
Un gran jurado reunido en Atlanta aprobó la inculpación después de que los testigos convocados por la fiscalía declararan durante toda la jornada. La fiscal Willis fue quien creó este panel de ciudadanos con poder para investigar si había pruebas suficientes para acusar a Trump, en particular por fraude e interferencia electoral.
Antes de la imputación, el expresidente volvió a atacar a la fiscal en un comunicado en el que la califica de «partidista rabiosa» al servicio de los intereses del presidente demócrata Biden. «Willis ha estancado estratégicamente su investigación para tratar de interferir al máximo con la carrera presidencial de 2024 y dañar la campaña dominante de Trump» en las encuestas, dijo la nota.
Para evitar posibles presiones o violencia, se instalaron barreras de seguridad frente a la corte en el centro de Atlanta donde se llevó a cabo la investigación.
A diferencia de los juicios federales, el procedimiento en Georgia es televisado, pero el magnate, que debe gran parte de su fama a un programa de telerrealidad, podría pedir que un abogado lo represente.
Aunque ganara las presidenciales de 2024, si fuera condenado, no podría indultarse ni hacer que la fiscalía retirara los cargos, porque se trata de un caso en los tribunales del estado de Georgia, sobre el cual el Estado federal no tiene autoridad.
Trump ya ha sido inculpado este año por otros tres casos, en todos los cuales se declaró no culpable ante la Justicia.
El 2 de agosto, el fiscal especial Jack Smith lo acusó de intentar alterar el conteo de votos de las presidenciales de 2020 en las semanas previas a que cientos de sus seguidores atacaran el edificio del Congreso cuando se certificaba la victoria de Biden, el 6 de enero de 2021. En la causa, que se lleva en Washington, Trump está acusado de «conspiración» contra el Estado estadounidense para obstruir un procedimiento oficial, es decir la sesión conjunta del Congreso de validación del triunfo de Biden.
En otra causa que se instruye en Miami, Florida, un tribunal federal acusó a Trump en junio de «retención de documentos clasificados» y «obstrucción de una investigación federal» por haberse llevado consigo, al salir de la Casa Blanca, cajas llenas de documentos oficiales. A finales de julio se le acusó de más cargos.
En marzo, un tribunal del estado de Nueva York inculpó a Trump por fraude fiscal en relación a pagos no declarados para silenciar a tres personas cuyas revelaciones podrían haberle perjudicado en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2016, que finalmente ganó.
En enero, la compañía del expresidente, Trump Organization, fue condenada en Nueva York al pago de una multa de hasta 1,6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero. Es un caso por lo penal pero le espera otro por lo civil dentro de unos meses. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, acusó a Trump, sus hijos y la Trump Organization de haber manipulado «deliberadamente» el valor de los activos del grupo -que incluye clubes de golf, hoteles y otras propiedades- para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o reducir impuestos.
Donald Trump también fue condenado en mayo por un tribunal civil de Nueva York a pagar 5 millones de dólares en daños y perjuicios a la experiodista E. Jean Carroll, al ser declarado culpable de agresión sexual contra ella en 1996.
