Por El Submarino Jujuy. Este jueves se debate en el Senado la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), donde el Gobierno pretende redefinir la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminería e hidrocarburos.
La Libertad Avanza buscar modificar artículos de la legislación vigente para así delegar a las provincias la potestad sobre sus propios recursos.
Aunque no se conoce el texto final del proyecto que cambiaría la reglamentación sobre la explotación minera en fuentes de reservas hídricas, el oficialismo está confiado en lograr la media sanción en el Senado y argumenta que existen u$s30.000 millones de inversión en juego.
Desde las 11 de este jueves, la Cámara alta tratará cambios en los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial (Ley 26.639), diferenciando a las «áreas de periglaciares» de las «geoformas periglaciales» y sujetando su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como «reservas estratégicas» por estudios de la «autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción» local.
Las dudas
Las primeras revisiones técnicas desconfían de la laxitud de la terminología legislativa (¿cuándo se llega al estatus de “reserva estratégica»?), del efecto que podría provocar la explotación minera en una provincia sobre el acceso hídrico en otra y de la libertad efectiva de fiscalización de las autoridades locales para determinar qué geoformas integrarán el ING.
A su vez apuntan al estado del sector: entre 2020 y 2023 la extracción minera creció el 31,3% -según el informe oficial Mining in Argentina-, mientras que la producción subió un 3,3% interanual en 2025 -según el Índice de Producción Industrial minero-, aunque se contrajo un 5,3% interanual en la cantidad de puestos de trabajo involucrados -según el último dato del 2025 de la Secretaría de Minería-. Todo esto con la ley de 2010.
La votación del Senado probablemente implementará cambios a la hora de la votación sobre el texto que fue dictaminado en diciembre, al igual que lo ocurrido con la reforma laboral.
Foto: Ianigla-Conicet
Lo que está en juego
Los argumentos que se oponen al proyecto de reforma de la ley de glaciares impulsado por el oficialismo son diversos y provienen de sectores jurídicos, científicos y ambientales. Estas críticas se centran en el riesgo hídrico, la legalidad constitucional y el impacto institucional.
Los puntos clave de la oposición se pueden sintetizar del siguiente modo:
Inconstitucionalidad y retroceso ambiental
Principio de no regresión: Se argumenta que la reforma viola el Acuerdo de Escazú, el cual prohíbe retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados. Una vez que un recurso está protegido, el Estado no puede quitarle esa protección para favorecer actividades extractivas. Más de 500 juristas y académicos han firmado un manifiesto advirtiendo sobre este punto.
Vulneración de presupuestos mínimos: Los críticos sostienen que la arquitectura de las leyes de presupuestos mínimos (establecida en el Art. 41 de la Constitución Nacional) se ve amenazada. Si se permite que las provincias decidan qué glaciares proteger de forma utilitaria, se rompe el piso de protección nacional unificado.
Precedente peligroso: Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierten que si se debilita esta ley, se abre la puerta para reformar otras normas clave como la Ley de Bosques o la Ley General del Ambiente.
Riesgo para la seguridad hídrica
«Fábricas de agua»: Los opositores enfatizan que los glaciares y el ambiente periglaciar son reservorios estratégicos. En años de sequía, pueden aportar hasta el 50% del caudal de los ríos en zonas cordilleranas.
Redefinición del ambiente periglaciar: La reforma busca achicar la definición de lo que se considera protegido. Los especialistas señalan que esto dejaría desamparados a los glaciares de escombros y suelos congelados, que son fundamentales para la recarga de cuencas hídricas.
Exclusión de la ciencia y centralización del poder
Desplazamiento del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla): Una de las mayores críticas es que la reforma quita peso al Ianigla-Conicet como ente científico nacional encargado del inventario, otorgando la decisión final a funcionarios provinciales de segundas o terceras jerarquías sobre qué glaciares o zonas pueden excluirse del inventario para permitir la explotación.
Falta de debate participativo: Se denuncia que, a diferencia de la sanción original en 2010 que tuvo un amplio debate social, este proyecto se ha tratado de forma «exprés» y sin la consulta debida a las comunidades locales afectadas. Se habla de «seguridad jurídica selectiva», porque este principio se aplicaría solo para las empresas y no para los ciudadanos que dependen del agua de los glaciares para vivir y producir.
Foto: Barrick Gold
Denuncia de lobby corporativo
Reforma «a medida»: El presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas Enrique Viale y otros referentes la denominan la «reforma Barrick Gold» o «reforma Vicuña». Sostienen que el texto fue diseñado específicamente para desbloquear al menos seis proyectos mineros transnacionales cuyos yacimientos se encuentran actualmente en zonas prohibidas por la ley vigente.
Debilidad del argumento económico: Argumentan que el empleo generado por la megaminería es bajo (alrededor del 1% de la población activa en provincias como San Juan) comparado con el riesgo existencial que supone perder las fuentes de agua dulce para el consumo humano y el agro.
🚨 EL AGUA DEL PAÍS EN PELIGRO
🧊 Mañana comienza en el Congreso el tratamiento de una modificación a la Ley de Glaciares que la vacía de su contenido y propósito. Más de 30 organizaciones ambientales y sociales sostenemos que esto pone en riesgo al agua de todo el país. pic.twitter.com/jDm71g5F6x
— Asoc. Argentina de Abogadxs Ambientalistas / CAJE (@AbogadesAmbient) February 25, 2026
Resistencia y pronunciamientos
Las organizaciones ambientalistas planean llevar el caso a la justicia nacional e internacional si la reforma se aprueba, buscando medidas cautelares para frenar cualquier daño irreversible, ya que la destrucción de un glaciar es irreversible: no hay marcha atrás una vez que se interviene el ecosistema.
En tanto, artistas, intelectuales y escritores salieron en defensa de la ley 26.639, sancionada en 2010. En la solicitada “Los glaciares no se tocan”, figuras de la cultura, el arte y el pensamiento de la Argentina, muchos de ellos de proyección internacional.
NO A LA MINA: ATENCIÓN! ARGENTINA POR LOS GLACIARES!
Los glaciares son reservas de agua dulce y la megamineria los pone en riesgo.
El gobierno de Javier Milei y sus cómplices quieren modificar la ley de protección de glaciares que hemos ganado en el año 2010 gracias a la lucha… pic.twitter.com/ZaCFfQQBG5— Manu Chao (@manuchao) February 25, 2026
Entre las más de 20 mil firmas, adhieren al documento Lucrecia Martel, Ricardo Darín, Rita Segato, Soledad Barruti, Daniel Grinbank, Andrea Pietra, Celeste Cid, Dolores Reyes, Mercedes Morán, Eleonora Wexler, Tomás Saraceno, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Roberto Gargarella, Georgina Barbarrosa, Verónica Gago, Abel Gilbert, Julieta Díaz, Darío Sztajnszrajber, Maitena Burundarena, Juan Carlos Kreimer, Marcelo Piñeyro, Érica Rivas y Selva Almada, entre muchos otros.
“La Ley Nacional de Glaciares protege las principales reservas de agua dulce de la Argentina y es clave para el cuidado de las cuencas hídricas y la vida de nuestras comunidades -se lee en el comunicado-. El proyecto de modificación impulsado por el Gobierno Nacional […] representa un grave retroceso ambiental y habilita la destrucción de glaciares y del ambiente periglacial”.
Por otro lado, en un comunicado difundido esta semana, la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia Católica exhortó a los legisladores a actuar con “solidaridad intergeneracional” y a escuchar a científicos y a las comunidades locales antes de avanzar con cambios en la ley.
“Los glaciares no son simples recursos económicos”, sino “fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico”, sostiene la Comisión, que define a los glaciares como “catedrales de agua”. “Destruir una fuente de agua dulce es destruir nuestra propia vida”, advirtió.
El agua como límite ético
La discusión en el Senado no es simplemente técnica ni puramente económica; es, en el fondo, una discusión sobre el modelo de país y los límites de la explotación de la naturaleza.
Mientras el oficialismo y las cámaras mineras cuentan dólares de inversión potencial, las comunidades cordilleranas, los científicos del Ianigla y referentes de todo el arco social cuentan glaciares y cuencas hídricas que, una vez intervenidas, no tienen vuelta atrás.
La Ley de Glaciares de 2010 fue una conquista de la democracia y la participación ciudadana. Pretender vaciarla de contenido bajo la urgencia financiera es, como advirtió la Pastoral Social, hipotecar la «casa común». Si la reforma avanza, la batalla se trasladará a los tribunales y a las calles, bajo una premisa que los sectores ambientales ya han convertido en bandera: el agua vale más que el oro, y los glaciares no se tocan.
Caminata por el agua. Octubre de 2025