Por Javier Bach Bilbao-militante peronista
Hay semanas en que la política argentina muestra, sin disimulo, quién decide y quién paga. El ministro de Economía, Luis Caputo salió a reivindicar la justicia social, la misma bandera que su propio presidente calificó de aberración y hasta de robo.
En Jujuy, el peronismo volvió a mostrar que no logra resolver sus diferencias sin la Justicia Federal. Dos escenas distintas, un mismo diagnóstico: hay una dirigencia que decide y una base que sostiene las consecuencias.

El sacrificio que otros bancan
El 20 de agosto, en el Council of the América, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, admitió que hay empresas que cerraron y empleos que se perdieron, y sostuvo que ese costo “vale la pena” para consolidar el rumbo económico.
Los números lo acompañan: el consumo privado acumula siete meses consecutivos de caída, según la Universidad de Palermo; el 44% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos al pago de deudas, contra el 18% de 2024, según el IETSE; y la informalidad laboral trepó al 44,2% en el primer trimestre, el nivel más alto en años, con toda la creación neta de empleo en negro. La pregunta de siempre: ¿quién decide que vale la pena? Porque quien lo dice no es quien pierde la changa.
El pedido de paciencia no quedó en el mundo empresario. El cantautor Alejandro Lerner, en la mesa de Mirtha Legrand del 30 de agosto, comparó a la Argentina con una mujer abusada para pedir “un poquito de tiempo” y sostener la continuidad del proyecto.
El periodista Luis Majul, en su editorial radial del 28 de julio, fue más directo: “evitá darte el gustito”. Y el ministro Federico Sturzenegger, al defender el 12 de mayo el recorte en salud, educación y provincias, escribió que “la motosierra es lo que permite mantener el superávit fiscal”. Un cantante, un conductor y un ministro, coincidiendo en el mismo consejo: bancársela.

Una justicia social de utilería
Seis días después, el 26 de agosto, el ministro Luis Caputo anunció créditos hipotecarios financiados con el FGS de la ANSES, la plata de los jubilados, y lo justificó así: “hace a la justicia social”.
La frase sorprendió, porque el propio Milei definió alguna vez ese concepto como una aberración, casi un robo. No hace falta ser peronista para notar la incoherencia. Pero como peronista, prefiero señalar algo de fondo: la justicia social que peleó Eva Perón no es un eslogan de vitrina.
Es redistribución, son derechos, es un Estado presente, no un guiño discursivo mientras el ajuste sigue golpeando.
Eva Perón lo había resuelto casi ochenta años antes con una frase que no envejeció: “Donde hay una necesidad, nace un derecho”. No era una consigna de acto: era una filosofía pensada para transformar la asistencia caritativa, la dádiva que depende de la buena voluntad de turno, en un derecho exigible ante el Estado, y al necesitado, que antes debía agradecer una limosna, en un sujeto de derecho.
Esa es la distancia que separa la justicia social que fundó el peronismo de la que ahora administra Caputo: una construye ciudadanía, la otra reparte crédito hipotecario y lo llama con el nombre que más le convenga esa semana.

Un peronismo que no logra gobernarse solo
Cambio de tema, no de lógica. El PJ de Jujuy sigue intervenido desde 2023. Convocada la interna del 30 de agosto, la Junta Electoral excluyó a Celeste y Blanca, de Rivarola, y dejó como única lista a Generación Valiente, de Moisés.
Hansen rechazó la apelación de Rivarola, pero la Cámara Nacional Electoral, ante un recurso de queja, frenó la elección y se reservó una resolución que debería conocerse estos días: proclamar a Generación Valiente o llamar a una nueva interna. El artículo 32 de la ley de partidos asigna esa resolución a la justicia federal electoral, no a la Cámara, algo poco habitual.
Dos temas, dos caras de la misma moneda. Un modelo económico que pide sacrificio mientras invoca, sin sonrojarse, la bandera que ayer llamaba robo. Y un partido que no logra resolver puertas adentro lo que la militancia demanda: Unidad.

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