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La actual Comisión Directiva del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), junto a su cuerpo de delegados, se movilizó este martes hacia la Fiscalía especializada en delitos contra la administración pública.
El objetivo fue claro: exigir al fiscal Diego Funes que acelere la causa contra el ex secretario general del gremio, Jorge Montero, procesado por administración fraudulenta.
Un gremio en «quebranto financiero»
La titular del sindicato, Mercedes Sosa, junto a las abogadas Alejandra Cejas y Lorena Mamani, mantuvieron una audiencia con el fiscal para exponer la urgencia del caso. Según Sosa, el accionar de Montero dejó al gremio en una situación de «quebranto financiero absoluto», afectando directamente a más de 3.780 afiliados que hoy actúan como querellantes.
“Necesitamos una sentencia porque esta administración fraudulenta genera enormes problemas institucionales. No sabemos si recuperaremos todo el desfalco, pero la justicia es imperativa”, afirmó Sosa a la salida del encuentro.
Las consecuencias de la gestión Montero
La herencia recibida por la actual conducción incluye una serie de irregularidades que asfixian las arcas del sindicato:
- Conflictos con AFIP: Deudas y problemas impositivos por balances no realizados.
- Juicios laborales: Indemnizaciones millonarias por despidos que ahora debe afrontar el gremio.
- Deudas previsionales: Falta de pago a la obra social de los propios empleados del sindicato.
- Opacidad contable: Falta de rendición de cuentas desde el periodo 2015 hasta el 2023.
Cuatro años de espera
Por su parte, Cejas recordó que la causa lleva cuatro años en instrucción y que las pruebas presentadas son concluyentes. “Lo único que falta es que se eleve la causa a juicio. Están implicados Montero y otros colaboradores, incluida la contadora denunciada”, señaló.
Tras la presión ejercida, el fiscal Funes se comprometió a responder los tres «prontos despachos» presentados por la querella y aseguró que este jueves habrá novedades procesales.
Desde el CEDEMS advirtieron que la falta de resolución judicial no solo es una demora administrativa, sino un grave perjuicio institucional que pone en riesgo el patrimonio de los docentes jujeños. La asamblea del gremio ya ha otorgado un mandato expreso para seguir la causa hasta las últimas consecuencias.
