Mediante un comunicado, el CELS explicó: «Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad».
«El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles».
Además, prosiguieron: «Este protocolo limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta» y aseguraron: «Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta».
Asimismo, afirmaron que la nueva medida «limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al «orden público» por encima de todo».