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El Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) realizó una visita de «inspección» en Jujuy, donde entrevistó a heridos y detenidos en las protestas contra la reforma constitucional, que fueron reprimidos por la policía de esa provincia.
Los entrevistados alegaron haber recibido «golpes y malos tratos», y el organismo consignó que «elaborará un informe con recomendaciones» que será remitido a las autoridades «con carácter confidencial, de acuerdo a la normativa».
El Comité, que llegó a la provincia el pasado miércoles 21 de junio y se retiró dos días después, entrevistó a la totalidad de las personas que se encontraban privadas de su libertad en el penal de Alto Comedero ese día, cuando la cantidad de aprendidos «ascendía a 60 personas», entras las que había «46 varones, nueve mujeres y cinco jóvenes adultos».
«Al finalizar la visita del Comité, se dispuso la libertad de todas ellas», reportó el organismo en un comunicado, en el que «reconoce la disposición de las autoridades provinciales que han brindado la información solicitada hasta el momento y facilitado el libre acceso a todos los lugares a los que concurrió».
Asimismo, se señaló que durante el monitoreo, «se recibieron alegaciones de golpes y malos tratos por parte del personal policial al momento de la detención y durante el traslado a dicho penal».
El Comité elaborará un informe con recomendaciones que será remitido inicialmente a las autoridades y al Comité Provincial, con carácter confidencial, de acuerdo a la normativa del organismo.
— Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (@CNPTArgentina) June 23, 2023
«En su mayoría, las personas entrevistadas relataron que el personal policial no se encontraba identificado. A su vez, se registraron personas con heridas provocadas por el impacto de balas de goma, tanto en el rostro, como en el torso y piernas», reportó el comunicado.
Además, se verificaron las condiciones de detención en el penal, donde «la mayor parte de los detenidos se encontraba en sectores educativos de la unidad, para evitar su vinculación con las personas detenidas de manera permanente».
«A su vez, se relevaron algunas dificultades en el ejercicio efectivo de la defensa, tales como la falta de comunicación de los motivos de la detención y el acceso lento a los legajos de investigación», señaló el informe de prensa.
«Se verificó que se cumplió con el examen médico de rigor con todos los detenidos al momento del ingreso y que, en general, se facilitó la comunicación con sus familiares y allegados», manifestó y dijo que también se «entrevistó a personas heridas, algunas graves, que permanecían internadas en el Hospital Pablo Soria».
La delegación, además, entrevistó en Purmamarca a «numerosas personas, algunas heridas, durante la represión del sábado 17 de junio» y afirmó que «se registraron necesidades de atención en salud física y mental», lo que «debe ser llevado a cabo por instituciones que gocen de la confianza de la comunidad, ya que se recibieron alegaciones de mucho temor por falsas informaciones».
El Comité también mantuvo una reunión con el gobernador Gerardo Morales, «a quien se le informó las alegaciones recibidas y la necesidad de realizar una investigación eficaz sobre la actuación policial» y «reiteró las recomendaciones sobre el uso de la fuerza en consonancia con los pronunciamientos de organismos internacionales de DDHH».
A la vez, mantuvo reuniones con organizaciones sociales y referentes de pueblos indígenas, con la Defensora General Ivonne Haquim, y el Fiscal General Sergio Lello Sánchez.
«El objetivo de dichas reuniones fue recabar información y recomendar cursos de acción en el ámbito de sus competencias», explicó el Comité y remarcó que ese organismo «se encontraba monitoreando la situación en la provincia desde el día sábado 17 de junio».
Ese monitoreo, explicó, se hizo «a partir de la información reportada por las organizaciones sociales y por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Jujuy con el que se trabajó de manera articulada en función de los principios de complementariedad y subsidiariedad previstos en la ley 26.827».
«El Comité elaborará un informe con recomendaciones que será remitido inicialmente a las autoridades y al Comité Provincial, con carácter confidencial, de acuerdo a la normativa del organismo», aseguró el organismo en el comunicado.
