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La titular del Consejo Provincial de la Mujer e Identidad de Género, Alejandra Martínez, aclaró que ese organismo no está actuando en el caso de la acusación por violación que pesa sobre el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, porque la denuncia no fue presentada en su ámbito. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la funcionaria afirmó que ya están avanzando en la implementación de la Ley Micaela, y adelantó que el próximo miércoles 18 se capacitará a agentes de las fuerzas de seguridad de la provincia.
En la conferencia de prensa que brindó este jueves, Martínez dijo que se había registrado un solo femicidio en la provincia este año. Pero las organizaciones de mujeres contabilizan al menos tres. Lo explicó así: «Hay una confusión por el caso de Perico», en relación al asesinato de Doris Chuqui Pacheco, la mujer que desapareció el 31 de diciembre y fue hallada muerta el 9 de enero en un basural. «Ese caso incrementó la cifra de femicidios de 2019, que pasó de 3 a 4 casos», aclaró.
El femicidio que el Consejo Provincial de la Mujer registra como tal es el de Mariela Zamora, apuñalada el 24 de enero en San Pedro por su expareja, que fue detenido inmediatamente después del ataque.
No obstante, ayer mismo detuvieron a dos hombres que fueron imputados por el femicidio de Jaqueline Arjona, una joven de 20 años que el 2 de marzo fue hallada muerta, pendiente de una soga, en una escena claramente armada por el o los atacantes.
Está finalmente el caso que se conoció este jueves, el de Camila Peñalva, de 25 años, a quien hallaron sin vida en su casa de Huacalera. «Durante el día de hoy se está realizando una autopsia para determinar qué ocurrió», señaló Martínez.
«La violencia hacia las mujeres es un tema demasiado serio. Hay que decir siempre la verdad, afirmó.
Martínez se refirió a una de las principales consignas del movimiento de mujeres: «El estado es máximo responsable, sí, pero también los medios de comunicación, porque hay que informar con mucha responsabilidad, no estereotipando», dijo, y mencionó también como actores relevantes a las «asociaciones no gubernamentales».
Adelantó luego la agenda de trabajo del Consejo para el futuro: «Nos pusimos en mente el desarrollo de un plan estratégico 2020-2023. Estamos coordinando con gente de Naciones Unidas y la Unión Europea, a través de la iniciativa Spotlight. Son organismos que están muy vinculados con la lucha hacia las mujeres, con todas las políticas públicas del mundo».
Dijo también que el Consejo se va a ocupar de la implementación de la Ley Micaela, que prevé la capacitación obligatoria en derechos de género para funcionarios y funcionarias de todos los niveles del Estado.
En esta primera etapa, dijo, van a desarrollar una capacitación de formadores, para que en cada ministerio haya gente preparada para capacitar. «Son miles y miles de empleados que deben tomar la capacitación. Es muy importante aplicar esa perspectiva en todos los ámbitos del gobierno en sus tres poderes», indicó.
En esta línea, el próximo miércoles 18 van a darle la capacitación a los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Respecto del trabajo que se realiza en los 12 Centros Integrales de Atención a las mujeres en situación de violencia, ubicados en distintas partes de la provincia, aclaró el dato que dio en la conferencia de prensa: «Son 10 mil atenciones, y no 10 mil casos de violencia, porque cada caso es abordado en varias oportunidades», precisó.
Martínez recordó que el Ejecutivo provincial envió un proyecto a la Legislatura para que el Protocolo de Actuación en casos de violencia de género en la administración pública tenga rango de ley. «Estamos trabajando con organizaciones internacionales de trabajo, a los efectos de sumarle convenio 190 de la OIT, que fue aprobado en julio del año pasado, que es acerca de violencia y acoso, y me parece que debe ser una normativa vigente en nuestras provincias».
Consultada sobre si el protocolo ya se aplicó en algún caso de violencia, respondió que «está a disposición». Sin nombrarlo, se refirió luego a la denuncia contra el exministro de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz: «Justo antes de la aplicación del protocolo sucedió un hecho que conmovió a la opinión pública, que tuvo que ver con acoso sexual y una denuncia que se produjo el último día hábil del año 2019. Y el primer día del 2020 se produjo la licencia de ese ministro y ya no está en el cargo».
Sobre la situación del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, denunciado por violación, Martínez explicó que «el protocolo está el ámbito de la administración pública y del poder ejecutivo», aunque dijo que «vamos procurar que se amplíe». No obstante, aclaró que la denuncia contra Baca no fue presentada ante el Consejo. «Entiendo que la justicia está actuando, de manera tal que espero que lo haga como corresponde», apuntó.
