Al respecto queremos resaltar que acompañamos y apoyamos dicha manifestación pública y ciudadana, en tanto que la misma constituye en esencia el ejercicio del derecho constitucional de manifestarse públicamente y de peticionar ante las autoridades de un modo a todas luces pacífico y armonioso.
Entendemos de suma importancia, manifestarnos a favor de la expresión democrática por excelencia que el Estado debe tener de escuchar a todos los sectores sociales. Incluso, a aquellos que no participen de idéntica visión y construcción política a las del gobierno de la provincia. Entendiendo que dichos reclamos y manifestaciones se refieren a asuntos que afectan de manera directa a las organizaciones sociales.
Cabe recordar que el derecho a peticionar antes las autoridades, y el derecho a manifestarse públicamente, constituyen garantías esenciales e insoslayables del Estado provincial y Nacional, en tanto garante de los mismos. Como modo de prevenir y -en su caso- combatir aquellas interpretaciones estigmatizantes y discriminatorias hacia las organizaciones, que reproducen los medios de comunicación generando pánico y temores infundados, cuya gravedad y consecuencia, quedó plasmada al inicio de la semana con la tragedia por todos conocida.
Quienes por este medio nos estamos expresando, tememos por el peligro y la amenaza a la integridad de las personas que realizan el acampe, en tanto la limitación o restricción a dicha protesta implica no solo el rechazo, la estigmatización y el trato discriminatorio hacia las organizaciones sociales. Sino también la amenaza latente de la persecución de tipo penal, que se contrapondría abiertamente con la libertad de reunión, de manifestación pacífica y de utilización del espacio público, como método más apropiado a los fines de ser escuchados y poder así manifestar o transmitir su mensaje. Que lejos está de constituir un delito.
Finalmente apelamos a los tratados de Derechos Humanos, a los que nuestro país se ha adherido y obligado, así como también a sus reiteradas manifestaciones de acercamiento y diálogo, como herramienta fundamental para la construcción de una ciudadanía más participativa, con actores sociales defensores de sus intereses al amparo de un Estado respetuoso de la dignidad y de los derechos humanos de todas las personas que en él conviven.