Carta Abierta del biólogo Raúl Montenegro, Profesor Titular Plenario de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Director del Campus Córdoba de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood Award). Presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y premio Nobel Alternativo 2004.
Mientras los funcionarios de la nación y CABA llegan con auto oficial y chofer a sus oficinas bien calefaccionadas, donde toman café caliente y leen los diarios. Mientras la página Web del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, no tiene noticias que informen sobre el Malón de la Paz, ni sobre lo que sucede en plaza Lavalle. Mientras en el senado de la nación nadie recuerda su adhesión al Día Internacional de la Mujer Indígena, conmemorado el 5 de septiembre de cada año. Mientras la vida cotidiana de una de las ciudades más grandes del mundo se despierta, bulle y duerme.
Allí, en esa ciudad, en la plaza Lavalle, representantes indígenas de Jujuy y otras provincias de Argentina vienen reclamando pacíficamente por sus derechos desde hace seis días sin poder protegerse de las lluvias, y de las frías temperaturas de la madrugada. Perpetuando la brutalidad de los invasores europeos, al gobierno nacional y al de CABA, sean del signo político partidario que sean, no les importa que haya niños y abuelos indígenas sin resguardo. La inhumanidad llega a tener tanta envergadura, que recién a los cinco días de la llegada del Malón de la Paz a la plaza les instalaron allí un par de baños químicos.
os funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires creyeron y siguen creyendo que aumentando el desamparo, y la presión policial, los miembros de las comunidades indígenas volverán más rápidamente a sus aldeas. Están muy equivocados. La solidaridad de las organizaciones de la sociedad, y la propia ciudadanía sensible, están dando el amparo que las autoridades niegan.
En un supremo gesto de crueldad burocrática y humana, la gestión de Horacio Larreta no les permite montar carpas ni gazebos. Peor aún, esa misma gestión los rodea con policías al acecho. Poco les importa a los funcionarios de la Nación y CABA que los miembros de tantas comunidades indígenas hayan viajado con enormes sacrificios, dejando atrás sus hogares, aldeas y territorios ancestrales.
Allí, en plaza Lavalle, están las raíces mismas de la Argentina profunda. Allí están los sobrevivientes de siglos de matanzas, despojo violento, ninguneo y discriminación. Esos cuerpos y rostros, marcados por la puna y los salares, vienen a mostrarles a los jueces y funcionarios de la nación que en Jujuy se violan impunemente sus derechos. Que en esa provincia gobernada por Gerardo Morales la policía invade sus territorios y hogares con armas letales, y sin órdenes judiciales.
Vienen a denunciar que el estado del cual son parte no los protege ni respeta, sino que los persigue, golpea y maltrata ilegalmente. Vienen a mostrarles, con papeles y derechos consagrados, que en el colmo del autoritarismo el gobierno de esa provincia impulsó, y los legisladores aprobaron por mayoría, una reforma constitucional que mata derechos. Que abre inconsultamente los salares y la provincia a las corporaciones del litio y otros minerales. Que mata al agua, y a las fábricas naturales de agua, para que un puñado de ricos sea más rico y más poderoso.
Cuesta creer que en la sociedad argentina haya funcionarios tan torpes e ignorantes, y que puedan pisotear la verdad y los derechos con tamaña impunidad. Asumiendo actitudes casi dictatoriales transformaron en letra muerta el Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional, y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.
Foto: Pepe Mateos/Télam
En un ejemplo oscuro de despreciable coherencia, mientras el precandidato a presidente del país, Horacio Larreta, les impedía a los integrantes de comunidades indígenas montar carpas y gazebos en plaza Lavalle, el precandidato a vicepresidente Gerardo Morales ordenaba a su policía que reprima las protestas indígenas pacíficas de Purmamarca en Jujuy.
Les guste o no les guste a estos precandidatos, y a los candidatos y precandidatos de otros partidos políticos que miran para otro lado mientras se reprime brutalmente en Jujuy, Argentina es un país multiétnico y multicultural, donde las comunidades indígenas rompieron definitivamente su silencio. Es una fantasía peligrosa creer que las justas protestas indígenas se anulan desprotegiendo a quienes están en plaza Lavalle, o promulgando una reforma constitucional de provincia que viola la constitución nacional.
La torpeza de Gerardo Morales y Horacio Larreta es insostenible en el tiempo. El escándalo de Jujuy, y ahora el escándalo de plaza Lavalle por la falta de humanidad gubernamental, ya no son solamente noticias nacionales. Hoy esas noticias recorren el mundo.
El canal internacional de televisión Euronews mostró en Europa y países de cinco continentes los justos reclamos del Malón de la Paz. Sus imágenes, y las voces indígenas entrevistadas, denunciaron en decenas de países lo que pasa en Jujuy, y en la plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires.
Pese a los intentos de los gobiernos de Jujuy y de la ciudad autónoma de Buenos Aires para desactivar las protestas, y minimimizar las noticias, el escándalo sigue internacionalizándose. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y 27 laureados con el premio Nobel Alternativo de 24 países, difundieron, dentro y fuera de Argentina, los insensato intentos de Gerardo Morales por tapar el sol de la justicia con sus manos, y con represión policial.
Cuesta creer que prosiga, con otras tácticas, el genocidio de los pueblos indígenas iniciado por los invasores europeos hace más de 500 años, y continuado por Julio A. Roca y otros perpetradores en los siglos XIX y XX. Sin embargo, mucho cambió desde el reinicio de la democracia en 1983. Ya nada es ni será igual.
Hoy los territorios indígenas demarcados son una realidad, y los que faltan demarcar también lo serán. Cualquier decisión e iniciativa sobre megaminería, agronegocios, grandes obras de ingeniería y actividades que amenacen la integridad de la Pachamama está inevitablemente supeditada a lo que marca la Constitución Nacional y el Convenio 169 de Derechos Indígenas.
Si algunos funcionarios y precandidatos creyeron que, reprimiendo las protestas pacíficas de Jujuy, y desamparando a las comunidades indígenas de plaza Lavalle en Buenos Aires silenciarías sus voces, se equivocaron. Hoy son rugidos que nadie podrá acallar.