A seis meses de iniciada la gestión, el gobierno de Javier Milei desmanteló, total o parcialmente, políticas claves para el proceso de memoria, verdad y justicia. El relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y el registro audiovisual de los juicios por delitos de lesa humanidad son dos ejemplos. A otras políticas, como las reparaciones, las pusieron en suspenso o las fueron debilitando, entre ellas las relacionadas con la preservación y funcionamiento de sitios de memoria.
Así lo detalla en un informe el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advierte que la política de memoria, verdad y justicia se ve afectada por una combinación del ajuste general de los fondos públicos y el desfinanciamiento y/o vaciamiento de estructuras.
La enumeración recuerda que en marzo fueron despedidos 18 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que fueron reincorporados luego en condiciones de extrema precariedad con contratos trimestrales.
A esto se suman los discursos reiterados de los máximos funcionarios del gobierno que caracterizan al proceso de justicia como un acto de hostigamiento y humillación a las Fuerzas Armadas, a las políticas de memoria y educación en derechos humanos como adoctrinamiento, a las políticas de reparación como un “curro” de los organismos de derechos humanos y del colectivo de víctimas, y a las políticas de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas como un “accionar paraestatal”.
«El nuevo gobierno sostiene posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura», repasa el CELS, y remarca que «este tipo de posiciones representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simboliza el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación».
El desmantelamiento en detalle
Junto a Memoria Abierta, el CELS elaboró un informe en el que analizan la afectación a las políticas públicas claves en esta materia, que durante la democracia han sido: el enjuiciamiento y castigo a los responsables de crímenes masivos cometidos durante la última dictadura, la desclasificación y relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la incorporación a la currícula educativa del estudio crítico del terrorismo de Estado, las reparaciones a las víctimas, la búsqueda de bebés y niños apropiados durante la última dictadura, y la recuperación de sitios vinculados a la represión para su resignificación como espacios de memoria.
En el trabajo se describen y contextualizan las siguientes medidas y acciones en materia de memoria, verdad y justicia de los primeros seis meses del gobierno de La Libertad Avanza:
- Desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas que aportó
evidencias a los juicios. Amenaza de persecución penal a sus trabajadores. - Desmantelamiento del equipo de filmación de los juicios por crímenes de lesa humanidad (Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social) conformado por convenio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. - Interrupción de la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, creada a través
de la Resolución 467/2021 en la Agencia Federal de Inteligencia. - Falta de nombramientos en puestos claves como la dirección del Archivo Nacional de la Memoria, a cargo del resguardo del archivo de la Conadep, y de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria.
- Desfinanciamiento de los sitios de memoria en todo el país, precarización laboral de los equipos e interrupción de obras.
- Dilación temporal de la política de reparaciones económicas y denuncias generalizadas que pretenden extender sin sustento
la sospecha de corrupción sobre la totalidad de la política pública. - Negativa a aportar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en expedientes para localizar
niños apropiados. - Calificación como “acciones de adoctrinamiento” a los contenidos pedagógicos sobre la última dictadura trabajados en escuelas
y sitios de memoria. - Auspicio de actos reivindicatorios de la dictadura convocados en el ex campo de concentración y actual Espacio Memoria
y Derechos Humanos Ex Esma, y en recintos militares. - Centralidad de argumentos negacionistas y reivindicatorios en el discurso de los máximos funcionarios del gobierno:
- Negación del carácter sistemático de los crímenes
- Minimización o desconocimiento de los graves delitos cometidos
- Justificación de la violencia estatal
- Deshumanización de las víctimas
- Declaraciones a favor de la impunidad de los represores
- Hostigamiento y descalificación constante a organismos de derechos humanos y a sus integrantes en forma personalizada.