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La Embajada de Colombia en Argentina desmintió al gobernador Gerardo Morales, quien había asegurado que el traslado compulsivo de extranjeros que dispuso la semana pasada había sido consensuado con representantes diplomáticos de ese país. En tanto, el juez Ercolini inició una investigación judicial.
El embajador Álvaro Pava Camelo firma la nota dirigida a Morales en la que asegura que los dichos del mandatario jujeño sobre la autorización de esa oficina diplomática para trasladar al grupo a la ciudad de Buenos Aires «carece de total veracidad».
Dice que nunca nadie de Jujuy se comunicó con él para informar, pedir autorización ni coordinar el traslado, del que además opina fue una decisión «equivocada y abiertamente transgresora» de las disposiciones de aislamiento.
En el ómnibus que Morales fletó a Buenos Aires había ciudadanos de Venezuela, Colombia, Perú, Brasil y también argentinos. El gobernador dijo que estaba todo acordado con representaciones diplomáticas de esos países, pero ningún funcionario nacional ni porteño estaba al tanto. Finalmente, el gobierno porteño se hizo cargo de la logística y los controles de salud, y pidió auxilio a Migraciones para verificar la situación de los pasajeros, que fueron alojados en hoteles.
El embajador Pava Camelo advierte en su nota que el traslado implicó «un riesgo innecesario» tanto para las personas que viajaron como para los argentinos que participaron del operativo y las personas que estuvieron expuestas «en el tránsito de las 7 provincias».
En la carta se aclara que el cónsul general Jorge Villamizar estuvo siempre en comunicación con las autoridades de La Quiaca «velando por garantizar el mejor tratamiento posible» para el grupo de colombianos que adelantaba la cuarentena obligatoria en esa ciudad.
En efecto, desde el municipio de La Quiaca confirman que los ciudadanos colombianos estuvieron siempre en contacto con su cónsul, al igual que el propio intendente Blas Gallardo para mantenerlo informado y coordinar la logística referente a la permanencia del grupo en esa ciudad.
En su misiva, el embajador Pava Camelo asegura que el cónsul fue informado del traslado el mismo día que se produjo, y no antes, como dijo Morales. Es más: refiere que le dijeron al secretario de Relaciones Internacionales, Pablo Palomares, que no se realizara «por considerar esa medida riesgosa y no conveniente desde todo punto de vista».
«Nunca, reitero, ni ahora ni en fecha anterior he tenido contacto ni personal ni telefónico con usted ni con funcionarios de su región», asevera, y agrega que no podría ser cierto que la Embajada fuera a coordinar el regreso del grupo a su país, como dijo Morales, «dado que es de público conocimiento que el ingreso a nuestro país está cerrado por disposición del señor presidente hasta el día 23 de abril».
Considera luego «un desafortunado recurso» de parte de Morales el apoyarse en los representantes diplomáticos «para justificar una medida equivocada de su administración que además puso en riesgo la integridad física de tantas personas y lesiona ese espíritu de hermandad y gobernabilidad con la que estamos llamados a enfrentar este reto mundial».
«Es mi derecho y obligación, Señor Gobernador, en nombre de la Misión que dirijo y el de mi país, solicitarle como en efecto lo estoy haciendo la rectificación de las declaraciones calumniosas suyas y de sus funcionarios», finaliza la carta.
Investigación judicial
En tanto, a raíz del escándalo que se generó con la llegada a la Ciudad de Buenos Aires del micro con 61 ciudadanos de países latinoamericanos que Morales obligó a salir de Jujuy en plena pandemia del coronavirus, el juez federal Julián Ercolini investiga con qué fundamentos la provincia decidió y autorizó semejante violación de la cuarentena obligatoria.
Entre una serie de medidas que dispuso, impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita, pidió las actuaciones administrativas de las autoridades jujeñas que intervinieron y requirió a las embajadas que informen si habían sido notificadas del traslado de las personas.
Según informa el diario Página/12, el juez Ercolini pidió puntualmente que se le requiera a la Secretaría de Relaciones Internacionales de la provincia, a cargo de Palomares, “con carácter urgente, copia digitalizadas de las actuaciones administrativas que dieron lugar a la autorización” del 1 de abril “para la realización de un viaje por vía terrestre desde las ciudades de La Quiaca y San Salvador de Jujuy hasta la ciudad de Buenos Aires, cuyo servicio sería brindado por la empresa Balut Hermanos SRL, a bordo del vehículo interno 393, dominio AD357UH…”
También requirió al Ministerio de Transporte que informe “si se formó un expediente u actuación administrativa en virtud de la autorización concedida” para la travesía en cuestión.
Palomares mandó a Transporte, según pudo constatar ese diario, dos notas: una donde dejaba constancia de la “autorización” para el micro, sus conductores y una lista de 62 personas. Argumentaba que todas ellas habían cumplido el aislamiento y tenían un certificado médico de la provincia; en la otra decía que los pasajeros “cumplirán en sus domicilios el aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Lo más llamativo es que los migrantes no tienen domicilio.
embajada de colombia-nota a morales